El auto de la magistrada de instrucción 4 de Palma, Piedad Marín, dando traslado del caso Scala al fiscal anticorrupción y a la abogacía del Govern para que redacten su escrito de acusación está lleno de referencias a pagos de decenas de miles de euros de fondos públicos por trabajos o servicios inútiles.

Así la juez menciona dos facturas por 108.000 euros pagadas a sociedades presuntamente vinculadas al entonces conseller de Comercio, Josep Juan Cardona, y otros altos cargos del Govern y empresarios afines a los mismos, por "una supuesta degustación de productos baleares en el Instituto Napa de California entre los días 25 y 26 de marzo de 2006, "a la que no asistió nadie de dicho organismo, ni tampoco acudió ninguno de los adjudicatarios del evento".

Las facturas pagadas por estudios plagiados, inútiles o inexistentes suman cientos de miles de euros públicos, destacan las acusaciones del caso Scala. La magistrada instructora ha repasado todos esos pagos y ha hallado perlas como el abono de 3.600 euros a una de las empresas de la trama por un estudio de 9 folios, donde solo aparece un texto de 15 líneas y unas cuantas fotos sobre una recepción del conseller Cardona a unos mandatarios chinos.

Cualquier excusa era buena para los imputados para colar al Govern cargos por decenas de miles de euros. Así se facturan 25.000 euros por un simple diario de una sesión de moda. El texto no tiene desperdicio: "A las 11 llegan los maquilladores; a las 11,30 llegan las modelos; Ferré habla con Cardona sobre el programa; a las 12,00 comienzan los ensayos..."

Gracias a estas prácticas, una empresa creada por Isabel Rosselló, la esposa de Antònia Ordinas, facturó al anterior Govern casi 1 millón de euros. La instructora afirma no entender como una sociedad con un único empleado, hijo de Rosselló y que se dedicaba a hacer fotos de eventos, pudo tener un volumen neto de negocios al año de 300.000 euros.