La Fiscalía Anticorrupción ha pedido esta noche a Unió Mallorquina (UM) una fianza de responsabilidad civil de 1,6 millones de euros en relación a la "operación Picnic" por la responsabilidades patrimoniales que pudieran derivarse de esta causa.
En este nuevo asunto de presunta corrupción que afecta a UM se investiga una posible trama que contrataba desde organismos del Ayuntamiento de Palma a personas que realmente habrían trabajado para UM, partido que fue expulsado del Govern balear en febrero del año pasado.
El máximo dirigente de UM acudió a los juzgados de instrucción de Palma como "representante legal" de este partido, pero no como imputado, han informado fuentes judiciales.
El político nacionalista y el secretario general de UM, Joan Monjo, han sido llamados por el juez justo después de que Melià ofreciera hace unas horas una rueda de prensa en la que ha anunciado que este partido se disuelve a causa de los numerosos casos de corrupción que le afectan, por lo que sus militantes han fundado esta misma noche "Convergència per les Illes Balears", de la que Melià será su máximo responsable.
Melià ha asegurado a los periodistas que todo este proceso que se investiga se refiere a la "antigua UM y no tiene nada que ver con la nueva UM", en alusión al nuevo partido.
También ha precisado que esta petición de la Fiscalía no tiene nada que ver ni con él ni con Monjo.
