Casi una decena de proyectos para la construcción o ampliación de grandes comercios en Palma se han visto bloqueados durante meses por las discrepancias de criterio entre la Conselleria del ramo y el Consistorio. Aunque desde esta última Administración municipal se asegura que esta paralización concluirá en cuestión de unas pocas semanas, tras la reunión mantenida entre los técnicos de ambas partes, las demoras han estado afectando a inversiones por valor de varios millones de euros y a la creación de un importante volumen de puestos de trabajos, según se apunta desde el sector. Entre las empresas afectadas por esta demora aparecen El Corte Inglés, Mercadona o Lidl.
El problema se ha dado exclusivamente en Palma, dado que en el resto de municipios isleños la interpretación que se ha hecho de la nueva Ley de Comercio no es tan estricta como la aplicada por Cort, según se destaca desde alguna de las firmas afectadas y desde la propia Conselleria del ramo. El problema radica en que es el municipio palmesano el que concentra un mayor volumen de nuevos proyectos.
Para estimar el alcance de este conflicto, basta señalar que desde Mercadona se señaló recientemente que cada uno de los nuevos establecimientos que piensa abrir en las islas va a suponer una inversión media de tres millones de euros. Y la paralización ha estado afectando a "ocho o nueve" proyectos para comercios de más de 700 metros cuadrados, según se admite desde el Consistorio, entre los que se encuentra el Supercor que se está edificando en el Camí dels Reis, un Mercadona y ampliaciones de Lidl.
Todo el contencioso ha nacido de las diferencias a la hora de interpretar la ley de comercio aprobada hace un año. Esta normativa exige que los ayuntamientos otorguen un certificado a las empresas que pretenden desarrollar los nuevos establecimientos comerciales, con el objetivo de confirmar que los terrenos sobre los que se quieren construir estas instalaciones tienen el carácter de suelo urbano consolidado y que la zona tiene el planeamiento aprobado. Este trámite debía tener un carácter básico, para posteriormente tramitarse la licencia autonómica ante la conselleria de Comercio y después la de obras y la de apertura otra vez en Cort.
El problema surge porque el ayuntamiento de Palma ha complicado sobremanera este trámite, llegando a exigir un informe sobre el nivel de ruido que el futuro establecimiento va a generar o sobre si la urbanización está recepcionada, lo que ha demorado la tramitación, y ha mantenido paralizados durante meses esa decena de proyectos.
Para solventar este conflicto, el director general de Comercio del Govern, Pere Trias, y el gerente de Urbanismo de Cort, Bartomeu Tugores, han tenido que mantener varias conversaciones telefónicas y sentar en la misma mesa a sus técnicos para por fin aclarar este punto.
Según Tugores, a partir de ahora el Consistorio va a simplificar estos trámites, de forma que en unas tres semanas los proyectos paralizados puedan recibir el certificado municipal y comenzar a tramitar la licencia autonómica.
Pero el gerente de Urbanismo defiende la actuación que hasta ahora ha mantenido su departamento, por cuando en el borrador del certificado municipal que se incluyó en la ley sí se hace constar la necesidad de acreditar que se cumple con la normativa en materia de contaminación acústica.
