El Consell de Mallorca eligió al empleado externo mejor pagado de la institución, el empresario Simón Galmés, sin ningún contrato que especifica ni sus méritos ni las funciones que debía realizar al frente de la Unidad de Control de los residuos que se recogían en Mallorca.

Según la documentación que se ha analizado hasta el momento en la denominada operación Cloaca, el empresario de Porto Cristo fue elegido a dedo, gracias a sus influencias políticas en el seno de Unió Mallorquina, el partido que en la última década ha dirigido la política de recogida de basuras que se ha seguido en Mallorca. El empresario, que percibía al mes 9.000 euros por esta tarea de control, no tuvo que demostrar ninguna experiencia previa en el sector de los residuos, ni tampoco ningún tipo de conocimiento especial que justificara su contratación. Sin embargo, la figura de la Unidad de Control es una imposición que figuraba en las cláusulas del concurso público que convocó el Consell Insular para optar al servicio de recogida de residuos de Mallorca, que fue otorgado a dos UTE distintas.

Simón Galmés, que se encuentra en libertad provisional tras ser detenido, fue eligido para esta tarea por el fallecido exconseller de Medio Ambiente, Miquel Riera, líder del partido ALM de Manacor, una formación que más tarde se integraría en las filas de Unió Mallorquina. Sin embargo, la contratación física de Galmés se produce durante el mandato de Catalina Julve, que según ella misma declaró ante el juez, respetó una decisión que ya había adoptado su antecesor, si bien no conocía muy bien ni la función que realizaba este empresario ni el millonario sueldo que percibía.

Simón Galmés reconoció en su declaración, que sigue bajo secreto sumarial, que la labor que desarrolla en esta Unidad de Control no tiene nada que ver con otras profesiones que había desarrollado, sobre todo en el campo de la informática. Confesó que era consciente del privilegio que estaba recibiendo, sobre todo a nivel económico, pero recordó que las dos UTE que le pagaban el sueldo tenían la posibilidad de rescindir el contrato, avisando con un mes de antelación, pero ninguna de ellas lo hizo.

Galmés no implicó en su declaración a ningún político, sino solo al funcionario Gabriel Perelló. Dijo que fue esta persona quien un día le llamó por teléfono y le concretó las condiciones del trabajo, que meses antes había acordado con Miquel Riera.

Reconoció que apenas pisaba las oficinas del Consell Insular, y que más de una vez intentó mantener conversaciones con los máximos responsables políticos de la recogida de residuos, pero que no lo consiguió. De hecho, y a pesar de que era el empleado que percibía el sueldo más elevado, pocos funcionarios o políticos del Consell Insular le conocía y mucho menos sabían qué tipo de trabajo realizaba para la administración.

A pesar de que el sueldo lo pagaban las empresas, al final el dinero surgía de las arcas públicas, ya que las UTE facturaban a la administración estas cantidades como si se tratara de gastos. Además, las empresas tenían la obligación contractual con la administración de respetar la figura de la Unidad de Control.