Un vehículo para trasladarse de una localidad a otra y una libreta para anotar datos es la única estructura que precisaba la empresa Ses Nostres Eines para trabajar para el Consell, eso sí, a cambio de un sueldo millonario que iba cobrando cada mes.

La fiscalía Anticorrupción considera que el trabajo que se le encomendó al empresario de Manacor no precisa de ningún tipo de preparación especial y, por tanto, es difícil de explicar que al mes cobraba 9.000 euros por inspeccionar los distintos puntos de recogida selectiva de residuos que están instalados en los pueblos de Mallorca. En la documentación que ha recogido el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía figura que la empresa ha tenido un único empleado. Hace pocos meses contrató los servicios de un joven de origen sudamericano, que figura como empleado de la sociedad. Sin embargo, se ha averiguado que esta persona no ha desarrollado ningún tipo de actividad relacionada con la gestión de los residuos. Este empleado era el jardinero privado de Simón Galmés, que se encarga de cuidar de las plantas de su casa, así como de otros trabajos domésticos .

Galmés explicó al juez que él personalmente se encargaba de fiscalizar los puntos de recogida de basura y que daba cuenta al funcionario Gabriel Perelló, quien también fue detenido y puesto más tarde en libertad. El empresario ha reconocido que no realizaba informes periódicos (como obligaba el contrato) del estado de los puntos de recogida selectiva de residuos, pero sí se encargaba de la inspección. En la conselleria insular de Medio Ambiente apenas nadie le conocía.