Musculoso con bíceps trabajados durante intensivas horas en el gimnasio, mirada intimidadora y actitud con ramalazos chulescos. Esa es la imagen que recrea cualquiera cuando le hablan de los porteros de discoteca. Eso y la idea de que, si hay un conflicto, mejor no topar con ellos. Imponen y desde luego no lo hacen con el arma de las palabras, que utilizan más bien poco en cantidad y extensión. Cualquiera que vaya a una discoteca lo sabe, del mismo modo que hay que estar muy ciego como para no ver que muchos usuarios de los que intentan entrar, y una buena parte de los que están dentro, tampoco se encuentran en un estado en el que tenga sentido el diálogo. La cuestión, así, no está en si los porteros de discotecas son necesarios ni en si deben resultar lo suficientemente intimidatorios cuando es preciso. La cuestión está en qué medida se encuentran preparados para hacer frente a situaciones conflictivas sin saltarse la ley o sin considerarse un remedo de las fuerzas y cuerpos de seguridad pública. Dicho en plata: hasta qué punto es fácil que estos trabajos los ejerzan los que todos calificamos como ´matones´
Los conflictos en los que la violenta reacción de algunos porteros de discoteca han provocado graves lesiones e incluso muertes a causa de palizas se han repetido periodicamente, consolidando así en la población una mala imagen de este sector a pesar de que los involucrados en este tipo de actuaciones son una minoría. La falta de regulación respecto al acceso a un trabajo que implica una situación de poder ha permitido que no todos los que se dedican a esta labor tengan las condiciones adecuadas.
No obstante, fue en 2008 cuando en toda España se reavivó la polémica sobre el papel de estos empleados, después de que el jóven Álvaro Ussía falleciera a mediados de noviembre tras recibir una paliza por parte de los porteros de una discoteca madrileña que carecía de licencia. La reacción pública hizo que de inmediato varias comunidades autonómas aceleraran la creación de marcos normativos para sus territorios, ya que en la mayoría existía un vacío legal.
Balears tampoco contaba con una regulación y, a pesar de la muerte del joven en Madrid, los empresarios de discotecas de las islas consideraban en aquella época que era innecesario una normativa específica. El entonces presidente de la asociación de empresarios de salas de fiesta de Balears, Pedro Vidal, aseguraba que lo que se necesitaba no era una reglamentación incisiva, sino más apoyo policial, y sostenía que los empresarios de las islas "legales" se preocupaban de que su "personal de admisión" realizara cursillos. "Al dueño de una discoteca no le interesa contratar la clásica figura del matón; es antiestética", aseguraba en 2008 Vidal.
Esta opinión no frenó al Govern, quien empezó a preparar una normativa balear, si bien lo hizo con una llamativa lentitud. Ahora el decreto se encuentra ya en la fase final de la tramitación, aunque previamente fue necesario analizar hasta qué punto el Ejecutivo autonómico tenía competencias para regular esta materia.
De acuerdo con la legislación balear de 2006, los titulares de estas empresas o promotores de espectáculos públicos deben impedir el acceso a las personas que muestren comportamientos violentos, que produzcan molestias o dificulten el desarrollo normal de la actividad. La misma ley también prevé el desarrollo reglamentario de este derecho de admisión. Sin embargo, el Estatut d´Autonomía da a los consells insulars competencias propias en materia de actividades de espectáculos públicos y recreativos y, por lo tanto, cuentan con la potestad reglamentaria o normativa.
Así, en esta materia el Govern "sólo puede hacer uso de sus poderes reglamentarios de manera limitada", según admite en el preámbulo del decreto que ha preparado. Para ello se basa en la posibilidad, también recogida en el Estatut, de establecer "los principios generales sobre la materia y garantizar el ejercicio de la potestad reglamentaria de los consells", de tal modo que el decreto sea una normativa común a partir de la cual cada institución insular podrá desarrollar su propia normativa.
Además, el Ejecutivo considera que el sector de las discotecas y espectáculos forma parte de las actividades económicas vinculadas al sector turístico, por lo que hay aspectos que "afectan a los intereses generales de la Comunidad Autónoma", además de a "los derechos de los ciudadanos" a disfrutar de los espectáculos y actividades de ocio con "seguridad y con la confianza de que, en cualquier parte del territorio autonómico, se respetarán sus derechos básicos como consumidores".
