"Está justificado el estado de alarma, había que volver a la normalidad"

—¿En qué consiste esta declaración de estado de alarma?.

—La Constitución, ante circunstancias graves y extraordinarias que hagan imposible el mantenimiento de la normalidad con los poderes ordinarios de las autoridades competentes, permite excepcionalmente la declaración del estado de alarma, de excepción y de sitio. De los tres, el primero es el más ´suave´, puesto que no implica restricciones de derechos a los ciudadanos (como la inviolabilidad del domicilio o la intervención de las comunicaciones, entre otros). Nunca en la historia de nuestra democracia han sido aplicados, hasta el sábado con el estado de alarma; solo Fraga –cuando era más joven y estaba en forma– sugirió alguna vez que se aplicara al País Vasco, pero no se hizo. El estado de alarma confiere al Gobierno más facultades y poder de lo habitual, pero no ilimitadamente ni puede abusar del mismo. Tampoco está exento de responder ante la Justicia por los posibles excesos que hayan cometido sus funcionarios y empleados. En este sentido, no tiene "barra libre".

—¿Las circunstancias requerían una medida así?.

—Su objetivo es proteger a la sociedad frente a un conjunto de riesgos procedentes de hechos naturales o circunstancias sociales. Como nunca antes se había decretado el estado de alarma, a mis alumnos les pongo ejemplos de aplicación: Cuando hay un terremoto, inundación, incendios de grandes dimensiones, epidemias... O, en el segundo apartado, escasez de productos de primera necesidad, paralización de servicios públicos esenciales... que es el presente caso. La verdad es que hasta ahora yo pensaba más en los primeros ejemplos que en los segundos, pero sin duda ante esta huelga salvaje, hecha con mala intención, sin declaración previa ni servicios mínimos, cabe esta declaración del estado de alarma.

—¿Justifica usted por tanto la actuación del Gobierno?.

­—Sí, yo creo que se han dado los condicionantes requeridos para el estado de alerta. El Gobierno no consiguió el viernes que los controladores regresaran a sus puestos de trabajo, y los controladores militares no son suficientes, ni están igualmente acostumbrados que los controladores civiles para manejar las torres. Había un caos general, por lo que la respuesta gubernamental es adecuada.

—¿Los partidos han estado a la altura?

—Ningún partido político está de acuerdo con lo que han hecho los controladores, y es evidente que la medida ha funcionado, porque tras decretar el estado de alarma, todos han vuelto a trabajar. No se puede secuestrar a toda la población, que ahora odia a los controladores. Es lo que han conseguido con su actitud. Son un colectivo muy de derechas que atacan duramente a este Gobierno, y todos, o la mayoría, votan posiblemente al PP, pero ni siquiera el PP puede defenderles porque sus propios votantes también les odian. Cosa distinta es cómo ha negociado el Gobierno socialista con ellos, incapaz de alcanzar un acuerdo en 10 meses. Pero si faltan controladores y dicen que están tan desbordados, que multipliquen las plazas por dos. También sorprende que Zapatero no haya dado personalmente la cara, lo que hubiera sido muy conveniente y, a mi juicio, casi imprescindible.

­—¿Tiene consecuencias para el ciudadano en general?.

­—No, solo para los controladores del tránsito aéreo al servicio de AENA, que pasan a estar sometidos a las órdenes directas de las autoridades militares (designadas en el Real Decreto que declara el estado de alarma) y a estar sujetos a las leyes penales y disciplinarias militares (con sanciones y penas mucho más duras que el orden civil), puesto que en el ámbito castrense lo que prima es el orden y la obediencia. En este conflicto se han sucedido dos medidas: La primera, el viernes, cuando el presidente del Gobierno con un decreto militarizó las torres de control. Es decir, la autoridad militar pasó a dirigir la navegación aérea. La segunda, el sábado, con el estado de alarma, mediante el que los controladores pasan a ser militares. A partir de entonces, si un controlador se ausenta de la torre, puede ser arrestado y sancionado de conformidad con la normativa penal militar. En la vida civil, si un funcionario, un profesor, por ejemplo, no acude a dar clase, se le puede abrir un expediente administrativo pero no se le juzga penalmente. Un militar, en cambio, tiene que ser conducido ante un juez castrense por la policía militar y puede ser procesado, y hasta condenado con 8 años de cárcel.

—¿No había otra solución?

—Hombre, si no quieren ir a trabajar y son insustituibles... o se cierran los aeropuertos, o el Estado de Derecho aplica sus instrumentos legales –que los tiene y son suficientes– para reconducir la situación. Los controladores son un colectivo cerrado, extremadamente endogámico y muy privilegiado. Para ejercer este trabajo no se exigen estudios universitarios, lo que todavía llama más la atención. Y claro, gente que gana en un mes más que la mayoría de trabajadores españoles en todo un año no puede esperar solidaridad del resto de españoles cuando les utilizan de rehenes para defender sus inadmisibles privilegios... Es normal que el ciudadano no esté de acuerdo con ellos.

—Algunos controladores han denunciado excesos.

—Veamos, una cosa es que los militares que entraron en las torres llevaran las metralletas colgadas del brazo, y la otra que les apuntaran a la cabeza; si eso ocurrió, sí es un abuso, pero no que los soldados o la Guardia Civil llevaran pistola u otras armas, porque siempre las llevan consigo. Nadie puede controlar el tráfico aéreo a la fuerza, pero es que no se les obliga; ante el incumplimiento de su deber, los llevan ante el juez militar, como si un soldado abandona su turno de guardia en la garita. De todos modos, ya he dicho que los controladores no pierden sus derechos democráticos pese al estado de alerta; si creen que se han vulnerado, pueden recurrir ante los tribunales y, claro, luego habrá que demostrarlo.

—La medida del Gobierno tiene ahora 15 días de validez, y puede prorrogarla después si el Congreso lo autoriza ¿Cree que sucederá, o se levantará antes?

—Durante estos quince días no se pueden disolver los Parlamentos ni interrumpir el funcionamiento de ninguna institución del Estado, porque la democracia tiene que funcionar con normalidad. Además, ya he dicho que el Gobierno no puede abusar de este poder extra que tiene ahora, solo le faculta para tomar las medidas "estrictamente indispensables", dice la Ley Orgánica 4/1981, vinculadas a la recuperación de la normalidad aérea, y absolutamente proporcionadas a las circunstancias. No tenemos experiencia en esta clase de declaraciones, pero yo creo que el Gobierno mantendrá el estado de alarma e incluso pedirá al Congreso de los Diputados que lo prorrogue hasta tener la seguridad de que no se pueda repetir el conflicto.