La titular del juzgado de instrucción número 12 de Palma, Carmen González, ha dado por concluida la investigación del caso Can Domenge y ha dictado la apertura del procedimiento abreviado de la causa contra Maria Antònia Munar, Miquel Nadal, Bartomeu Vicens, Miquel Àngel Flaquer, Santiago Fiol y los directivos de la constructora Sacresa, Román Sanahuja y Mario Sanz. De esta forma, González abre la puerta al juicio oral contra todos ellos.
Los imputados se enfrentan a delitos de prevaricación, fraude a la administración, facilitación y uso de información privilegiada y malversación de caudales. La Fiscalía tiene veinte días para formalizar la acusación.
Asimismo, la jueza ha decretado el sobreseimiento provisional de las imputaciones que pesaban sobre Fernando Rubio, actual portavoz del Partido Popular en el Consell de Mallorca, Mariano Gual de Torrella y el constructor, Pedro Ferratur.
En el auto, Carmen González mantiene que la entonces presidenta del Consell de Mallorca se puso de acuerdo con Nadal, Vicens y Flaquer para vender a mitad de precio el solar de Can Domenge. Cabe recordar que la fiscalía Anticorrupción señala en su escrito de acusación que el Consell rechazó una oferta de 60 millones de euros que presentó el constructor Josep Lluís Núñez, y aceptó la propuesta que planteó la empresa constructora Sacresa-Ferrá Tur, que ofrecía la mitad, es decir, 30 millones de euros.
Esta decisión de elegir el proyecto de Sacresa frente a otras ofertas mucho mejores económicamente se llevó al Pleno del Consell, y se aprobó con los votos del equipo de gobierno y con los de los diputados del Partido Popular. El pleno fue presidido por Miquel Nadal, ante la ausencia por enfermedad de Maria Antònia Munar.
La jueza entiende que hay indicios de que el concurso de Can Domenge no fue más que una actuación directamente encaminada a satisfacer intereses privados y que, además, se rehusó a conciencia ganar más dinero por la venta del terreno.
A fin de "dotar" a la transacción "de apariencia de legalidad", afirma el auto, se siguió un expediente administrativo de enajenación que no solo iba en contra de las leyes, sino también del interés general.
Y "con el fin de eliminar la competencia en condiciones de igualdad y que los terrenos fuesen adquiridos por determinada empresa obviaron publicar el concurso en Boletín de la Unión Europea, que era preceptivo, y lo publicaron en fiestas navideñas, fijaron un plazo inferior al legal para que los licitantes presentasen las proposiciones y exigieron una garantía provisional desmesurada".
En el auto se explica que existen indicios de que la finca tenía un precio en el mercado en la fecha de elaboración del concurso que rondaba los 60 millones de euro.
La jueza dice que Munar era entonces la presidenta del Consell de Mallorca y quien eligió al vicepresidente y consellers implicados, "de tal modo que fue ella quien designó a las personas que tuvieron actuación material, personal y directa en el proceso y en las negociaciones fraudulentas (los imputados Nadal, Vicens y Flaquer), además era la presidenta del partido al que pertenecían todos ellos".
De ahí que el auto subraye que "no es lógico pensar que todo el entramado, plan y negociaciones se hicieran a sus espaldas por las personas que eran de su confianza"
