La Ley de Normalización Lingüística se aprobó hace 25 años con un absoluto consenso entre las fuerzas políticas de Balears, conscientes de que las islas forman una Comunidad Autónoma bilingüe en la que una de las dos lenguas, el catalán, se encontraba en clara desventaja. A partir de ese momento, la Ley se desarrolló a través de decretos aprobados en medio de constantes tiras y aflojas entre los partidarios de que la presencia del catalán en el ámbito público y la educación sea prioritaria y los defensores del castellano. No es una cuestión que deje a nadie frío, como lo demostró la polémica que provocó el anuncio del líder del PP, José Ramón Bauzá, de derogar el Decreto de Mínimos del catalán si gana las elecciones autonómicas del próximo año. A pesar de que han sido los populares quienes han llevado la controversia a la actualidad, ni Bauzá ni ningún cargo del PP quiso participar en el debate al que les invitó DIARIO de MALLORCA. Sí lo hicieron Margalida Tous, directora general de Política Lingüística; Maria Antònia Font, portavoz del STEI; Jordi Llabrés, presidente de Faib-Concapa y Jorge Campos, presidente del Círculo Balear y el único que se expresó durante el debate en castellano.

Para Margalida Tous, la Ley de Normalización Lingüística se aprobó "en unas condiciones y circunstancias que continúan existiendo 25 años después e incluso en algunos aspectos se ha agravado" en lo que se refiere a la consideración del catalán frente al castellano. Como ejemplo, resalta lo ocurrido con la implantación de la TDT, que ha supuesto el acceso a una gran cantidad de canales en castellano mientras que la oferta en catalán es, por comparación, minoritaria. A ello agrega que, aunque la Constitución española "dice que hay comunidades con dos lenguas oficiales y que el Estado fomentará la diversidad lingüística y cultural", en la realidad el Estado "no cumple" en este aspecto, por lo que las comunidades autónomas que cuentan con dos lenguas oficiales "han tenido que hacer leyes de normalización". Maria Antònia Font comparte esta opinión: "La Ley sigue siendo necesaria, porque aunque tenga 25 años hay muchos puntos que no se han puesto en marcha y esta normativa crea el marco para que la lengua propia de esta Comunidad pueda estar en igualdad de condiciones, porque es evidente que no lo está". Al igual que Tous, considera que "hay un desequilibrio importante en los medios de comunicación, en el cine y en muchos ámbitos" entre el uso del catalán y el del castellano, a favor de este último idioma.

Frente a estas opiniones, se sitúan Jordi Llabrés y Jorge Campos, quienes comparten la palabra "imposición" para describir la puesta en practica de la Ley a través de las posteriores normativas que la han desarrollado. Para Llabrés, la Ley de Normalización "era necesaria y de hecho se aprobó por consenso", si bien no está de acuerdo con que "en la actualidad la lengua catalana esté en desventaja" . No sólo eso, sino que a su juicio la normativa posterior "no está en la misma línea de consenso que caracterizó a la Ley de Normalización con el fin de ir hacia un bilingüismo real", una situación con la que se muestra en contra. "Yo defiendo ante todo el derecho a la libertad de la persona por encima de cualquier imposición y no puede ser que por un decreto o una norma haya que imponer". Llabrés, que se expresa en catalán durante todo el debate, afirma que percibe tanta imposición que reacciona con pequeños actos de rebeldía. "Cuando me dirijo al ayuntamiento de Palma lo hago en castellano en el uso de mi libertad. Y lo hago por narices", afirma provocando las risas de los contertulios. Tous le pregunta si tiene algún problema por ello, y Llabrés admite que no. "¡Sólo faltaría!", exclama mientras la directora general de Política Lingüística apunta que eso es una prueba de que no existe la pretendida imposición del catalán.

Para Campos, eso no prueba nada. "Si bien hace 25 años se podría entender la aprobación de la Ley de Normalización Lingüística, hoy en día no es en absoluto necesaria tal y como está planteada, tanto la propia Ley como todo el desarrollo posterior que se ha dado y que al final lo que ha hecho ha sido vulnerar las libertades de las personas, tanto en la educación como en la administración". Afirma que en Balears "la gente en la calle es absolutamente bilingüe y no tiene ningún problema en utilizar indistintamente cualquiera de las dos lenguas", a la vez que considera que la legislación "ha dado a entender" al cabo de los años que "la lengua es un sujeto de derechos, cuando los depositarios de derechos son las personas".

"El término normalizar ya me pone los pelos de punta", declara Campos con contundencia antes de poner sobre la mesa el caso de la educación. "No hay ninguna democracia europea en países con regiones con dos idiomas oficiales que tenga leyes de normalización lingüística que indiquen a la gente en qué idioma tienen que educar a sus hijos, como sí ocurre en Balears".

La aplicación del Decreto de Mínimos en las escuelas es el asunto que provoca mayor enfrentamiento y hacia el que, al final, se desvía el debate independientemente de la cuestión que se ponga sobre la mesa. Aquí los contertulios se dividen radicalmente, presentando visiones opuestas de lo que ocurre con la normalización lingüística en los centros públicos. El Decreto de Mínimos establece que al menos el 50 por ciento de las asignaturas deben impartirse en catalán, aunque no marca un máximo. ¿En qué se traduce esto sobre la práctica? En la posibilidad de que un centro apruebe un proyecto con lengua vehicular en catalán, salvo la asignatura de lengua española. Con el castellano no ocurre los mismo.

Maria Antònia Font afirma que el STEI ha realizado estudios basados en las memorias que entrega el profesorado al servicio de inspección educativa y las conclusiones son significativas: "En muchos centros aún no se está cumpliendo ni siquiera el 50 por ciento de asignaturas en catalán". En respuesta a la crítica de Campos por la obligación del catalán en las escuelas, Font y Tous comparten el mismo argumento: "En la educación hay unas normativas y nadie es libre para decidir, por ejemplo, si quiere estudiar matemáticas". La portavoz del STEI considera que la "pretendida libertad para elegir la lengua no tiene sentido, porque vivimos en una Comunidad en la que su realidad es que hay dos lenguas y todos nos tenemos que molestar un poco por aprender la lengua de los otros". En este sentido, afirma que muchos profesores se "esfuerzan" por "hacer entender a los padres" reacios con el Decreto de Mínimos que "lo mejor para sus hijos que aprendan las dos lenguas, que aprendan el catalán".

A su juicio, "la única manera de garantizar la integración es que en la la escuela el catalán ocupe como mínimo el 50 por ciento de las asignaturas, aunque en mi opinión debería ser el cien por cien". ¿Cómo se garantizaría entonces el aprendizaje del castellano?. Es Margalida Tous la que contesta con convicción: "Eso queda garantizado por el entorno; está comprobado que el castellano solo necesita el entorno para dominarse".

Para Campos, "esas memorias de los profesores" que mencionaba Font "son muy respetables, pero la realidad es que a día de hoy si alguien quiere escolarizar a sus hijos no puede hacerlo en castellano, que es lengua cooficial en Balears". Añade que esa situación "infringe la propia Ley de Normalización cuando dice que en la primera enseñanza se podrá elegir la lengua materna del niño" y sostiene que "hay miles de padres que no están de acuerdo con no poder elegir la lengua que quieren" para escolarizar a sus hijos. "No es comparable las matemáticas con una lengua vehicular", replica a Tous y Font.

Llabrés es partidario de impartir el 50 por ciento de las asignaturas en cada una de las dos lenguas oficiales, pero no a que "un centro haga inmersión en catalán y deje el castellano sólo en un mínimo, que es lo que esta pasando". Margalida Tous recuerda que en Balears no existe la inmersión lingüística, sino un Decreto de Mínimos, una matización que rechaza Llabrés: "Si todo se imparte en catalán menos la asignatura de lengua española, eso es inmersión". Campos incide en esta cuestión: "La realidad hoy en día es que en 149 centros públicos de Mallorca, debe haber seis o siete que hagan el 50 por ciento en castellano y el resto es todo inmersión lingüística en catalán" afirma el presidente del Círculo Balear". Frente a ellos, Maria Antònia Font rechaza de plano estas afirmaciones e insiste en que hay centros "en los que ni siquiera se ha alcanzado el 50 por ciento de asignaturas en catalán", a la vez que asegura que "las escuelas que tienen todo en catalán, reciben el doble de peticiones para matricular a los hijos".

Las posturas entre los contertulios se muestran irreconciliables mientras repiten los mismos argumentos. Campos afirma que en el inicio de este curso "2.000 padres, de los que el 85 por ciento son miembros de los consejos escolares, han querido asesorarse en el Círculo Balear por problemas para poder escolarizar a su hijo en su lengua materna incluso en la primera enseñanza, porque lo que hay aquí es una inmersión lingüística obligatoria". Maria Antònia Font le acusa de "quemar a la gente" en lugar de "trabajar por la convivencia pacífica de las dos lenguas", al no explicar a los padres que le piden asesoramiento que el catalán "no es un problema para la educación de sus hijos" y que el modelo que se aplica en Balears es "una forma de integrar". Para Font, Campos tiene un discurso "desarraigado" al no ser "capaz de hacer entender a las personas que viven aquí la realidad" de que en Balears hay dos lenguas. "Creo que su discurso es poco respetuoso, desarraigado y un poco colonialista", espeta al presidente del Círculo Balear. La respuesta del aludido es inmediata. "¿Apelar a que la gente pueda elegir es un discurso colonialista? Esto me parece el colmo".

Lo cierto es que la cuestión lingüística levanta pasiones cuando se coloca sobre la mesa, más que el fracaso escolar. "El debate lingüístico levanta pasiones porque afecta a los derechos y libertades de las personas", afirma Campos. Tous le da la vuelta a la declaración del presidente del Círculo Balear: "Efectivamente, afecta a los derechos lingüísticos y a la libertad de los ciudadanos de Balears", en referencia al derecho al catalán. Llabrés, al final, apela al "sentido común" de los propios profesores. "Lo que intento como profesor es formar personas y para eso no hay que ser tan rígidos", concluye el presidente de Faib-Concapa.