La fiscalía anticorrupción ha pedido el archivo completo del caso Plan de Territorial Mallorca. En el escrito, al que ha tenido acceso Diario de Mallorca, se concluye que no se han hallado pruebas que demuestren la existencia de sobornos o cohechos en las operaciones de compraventa de terrenos de las las Áreas de Reconversión Territorial contempladas en la norma urbanística.

El caso Plan Territorial se abrió hace casi 3 años. La fiscalía denunció en los juzgados de instrucción de Palma la comisión de los presuntos delitos de prevaricación, urbanísticos, cohechos y otros con ocasión del proceso de gestación y aprobación del Plan Territorial de Mallorca (PTM), que dio pie en 2004 a la recalificación de mil hectáreas en cinco municipios de Mallorca. La denuncia inicial de la fiscalía no apuntaba en concreto a ningún político del ámbito insular o municipal, promotor, constructor, o empresario de otro sector como posibles implicados en los delitos.

Las pesquisas judiciales se han centrado en los cambios de calificación urbanística en varias fincas de los municipios de Sóller, Campos, Marratxí, Pollença y Alcúdia. Gracias a la elaboración del PTM alrededor de mil hectáreas (un millón de metros cuadrados) pasaron de ser suelo rústico o no urbanizable a suelo urbanizable, en virtud de las llamadas áreas de reconversión territorial.

En el sumario figuran como encausados, además de los mencionados, Bartomeu Vicens, ex conseller de Territorio del anterior Consell de Mallorca; el promotor Vicenç Grande; y otros.

Ante el juez Miquel Florit han depuesto, en calidad de testigos, varios ex dirigentes de UM y el PP, entre ellos Miquel Nadal; Miquel Àngel Grimalt; Rosa Estarás; Mabel Cabrer; y Ramis d´Ayreflort.

También han prestado testimonio técnicos del Consell de Mallorca y antiguos dueños de fincas afectadas por las áreas de reconversión territorial.