Una empresaria, que desde hace años explota un conocido restaurante en la carretera de Palma a Manacor, declaró ayer haber sufrido presiones por parte de dos cargos de la conselleria de Carreteras del anterior Consell de Mallorca, imputados ambos en el sumario del caso Peaje, contra una supuesta trama de corrupción en torno al desdoblamiento de la citada vía.
La juez Ana María San José y el fiscal Miguel Ángel Subirán interrogaron ayer a dos testigos, la dueña del restaurante de carretera y un socio minoritario de la Unión Temporal de Empresas que resultó adjudicataria por el anterior Consell de Mallorca, gobernado por UM, del concurso para convertir la vieja carretera de Manacor en una vía rápida.
Los adjudicatarios del desdoblamiento fueron: Electro-Hidráulica; Obras y Pavimentos Man (Mansa); Aglomsa-Sacyr; Melchor Mascaró; e Itinere Infraestructura S.A. En las obras trabajaron otras muchas sociedades en calidad de subcontratistas o colaboradoras de las adjudicatarias.
Ayer testificó un empresario mallorquín, que participó con un 5% de la UTE. El industrial fue interrogado sobre trabajos particulares efectuados en una finca de Gonzalo Aguiar, el ex jefe de Carreteras del Consell, imputado en el sumario y defendido por Josep Zaforteza. Según Aguiar, esos trabajos fueron facturados por la empresa y pagados por él. La testigo explicó cómo el celador de la carretera, Mestre y el ingeniero de Carreteras del Consell, Orejudo, ambos encausados le presionaron para que se prestara a corruptelas.
