La crisis económica ha puesto en evidencia que sectores como el comercio o la restauración de Balears están sobredimensionados, con un número de establecimientos que se percibe como claramente excesivo para los nuevos niveles de consumo, según reconocen las patronales isleñas, desde las que se recuerdan los cierres que desde hace meses se están registrando entre este tipo de negocios. Y el empresariado subraya que un factor está potenciando este tipo de situaciones, como es que los bajos de la inmensa mayoría de los edificios de viviendas que se construyen están destinados a locales comerciales y no a uso residencial.
Ante esta crítica, la asociación de promotores inmobiliarios de las islas apunta a un máximo responsable: la clase política balear, que a estas alturas ha sido incapaz de aprobar una Ley del Suelo autonómica –algo que sólo sucede en las islas– o al menos de modificar el decreto de capacidad de población, a lo que se suma la política restrictiva de algunos Ayuntamientos.
El presidente de los promotores isleños, Gabriel Oliver, lamenta que las administraciones isleñas mantengan la teoría de que hay que limitar el número de residentes en cada zona, fijando un número máximo de viviendas en cada bloque (densidades). Este hecho hace que si se utilizan los bajos también para uso residencial, cada vivienda podría alcanzar una superficie de 100 a 200 metros cuadrados, cuando en este momento las familias reclaman unas dimensiones que se mueven en el entorno de los 70 metros. La solución del promotor es destinar los bajos y en ocasiones la primera planta a actividades empresariales, y concentrar en las superiores las viviendas que tiene permitidas para que sean más pequeñas y asequibles para el posible comprador.
Oliver reconoce que otra solución sería hacer el edificio con menos alturas de las permitidas, pero eso supondría "perder dinero, ya que el propietario del suelo nos cobra un precio en relación a la edificabilidad que tiene autorizada, por lo que no nos podemos permitir el lujo de perder ni una planta".
El presidente de los promotores afirma que este problema se ha expuesto reiteradamente a las administraciones isleñas, con nulos resultados.
La excepción, según destaca Oliver, la ha marcado el conseller de Vivienda, Jaume Carbonero, al contemplar en la ley que elaboró para conseguir suelo en el que edificar viviendas protegidas la posibilidad de que en estos casos no hubiera límite máximo de inmuebles, siempre y cuado éstos no tuvieran menos de 60 metros cuadrados.
Pero al margen de esta excepción, la situación es calificada de grave por los presidentes de las asociaciones de comercio de Caeb y Pimem, Bartolomé Servera y Bernat Coll respectivamente, al igual que por el máximo responsable de la sectorial de restauración de esta última patronal, Juan Cabrera.
En opinión de estos representantes empresariales, es imprescindible recuperar el modelo vigente en otros países europeos en el que la planta baja de estos edificios está ocupada también por viviendas o por aparcamientos, ya que el modelo actual sólo sirve para aumentar una oferta que ya está claramente sobredimensionada. "Durante los últimos años –se indica– se han abierto multitud de bares, restaurantes, comercios y oficinas bancarias sin la menor planificación, y ahora sobran". Y como muestra, se apunta que basta con dar un paseo por cualquier calle de Palma o de otras poblaciones de las islas para comprobar estas situaciones.
Los citados representantes empresariales indican que el problema es doble: no sólo se está potenciando ese exceso de bares o tiendas, sino que en muchos casos sólo se consigue que los bajos permanezcan sin ocupar e incluso sin terminar de construir, con el correspondiente problema para la imagen de la zona. Para Servera, resulta especialmente criticable que este tipo de prácticas se hayan mantenido hasta ahora incluso en las promociones de protección oficial que cuentan con financiación pública.
