El Partido Popular de Balears anunció ayer, a través de su abogado, y ex fiscal de la Audiencia Nacional, Ignacio Gordillo, que acudirá al Tribunal Constitucional si la Audiencia de Palma le deniega la personación, como acusación particular, en el Palma Arena, un caso donde, entre otros extremos, se investiga su presunta financiación ilegal. Gordillo añadió que la intención del PP es colaborar con las pesquisas y sostuvo que "un partido político no puede cometer como tal nunca un delito"
La sección segunda de la Audiencia de Palma celebró al mediodía una vista oral para decidir si acepta la personación del Partido Popular (PP) en el sumario del caso Palma Arena, la presunta trama de corrupción en torno al velódromo público del mismo nombre y otras actuaciones del anterior Govern, como acusación particular. El juez José Castro, instructor del caso Palma Arena, rechazó el 16 de julio la solicitud del PP, quien apeló ante la Audiencia.
Gordillo justificó su petición en el hecho de que "el Partido Popular de Balears resulta ofendido por varias declaraciones de algunos imputados, así como por diferentes resoluciones" de la causa.
Estas declaraciones se refieren a la supuesta financiación irregular del PP a través de la agencia de publicidad Nimbus, entre otros extremos. Según su abogado, el PP quiere personarse "ante la grave situación en que se encuentra en el presente procedimiento con constantes ataques a su honorabilidad y dignidad", que le causan perjuicios y ofensas. Gordillo añadió que la no personación está originando indefensión a sus representados.
El PP beneficiado
El juez Castro argumentó que, de lo instruido hasta el momento, no aparecen indicios de que el PP haya sufrido ningún tipo de perjuicio en los hechos investigados. Por el contrario, "todos los indicios apuntan en sentido diametralmente opuesto, pues parece ser que se vio favorecido con la posibilidad de diseñar la campaña de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 con una envergadura (económica) superior a la de otras fuerzas políticas concurrentes".
Sobre los hipotéticos daños de imagen de la fuerza política mencionados en su escrito de personación, el magistrado señaló que, dadas las sombras de corrupción que pesan sobre el PP, "parece lógico que tengan que soportar las consecuencias mediáticas de sus decisiones".
Frente a la tesis de Gordillo, el delegado de la fiscalía anticorrupción en Balears, Juan Carrau, y la abogada del actual Govern, Maria Ángeles Berrocal, se opusieron ayer en la vista a la personación del PP como acusación particular.
Gordillo, que estuvo acompañado del portavoz del PP de Balears, Miquel Ramis, adelantó que si acuden al Constitucional alegarán una vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva.
