La Audiencia de Palma, a través del magistrado Eduardo Calderón, ha confirmado la condena contra el empresario que insinuó que el ex conseller y hoy diputado del PP, José María Rodríguez, era un corrupto porque le exigió que le entregara a él personalmente 600.000 euros a cambio de entregarle una concesión pública. El tribunal devuelve el honor al político balear y al mismo tiempo condena al empresario Amando García por un delito de calumnias. Le impone una multa de doce meses a razón de 20 euros diarios y le condena a indemnizar al político del PP con la cantidad de mil euros. La Audiencia confirma que el acusado cometió un delito de calumnias, pero reduce sensiblemente la multa a pagar y, sobre todo, la indemnización que en la primera sentencia se fijó en 60.000 euros.

Amando García era el representante empresarial de la UTE que gestionaba el servicio de emergencias 112 en Balears, que estaba constituido por varias empresas. El acusado era el directivo de la empresa que tenía una mayor participación accionarial en la UTE. La relación de los socios que gestionaban este servicio público entró en un periodo de crisis, situación que llegó a oídos del entonces conseller José María Rodríguez. El político convocó a Amando García a su despacho el día 18 de septiembre de 2003 y le explicó que era necesario encontrar una solución al problema ya que de lo contrario se iniciaría un expediente de rescate. En la reunión se barajó la posibilidad de que García abandonara la concesión a favor de su socio.

Meses más tarde el empresario firmó una denuncia que fue dirigida al fiscal jefe de Balears. En este escrito le detalló el contenido de la reunión que mantuvo con el conseller y las condiciones que le impuso para continuar con el proyecto del servicio de emergencias. El empresario afirmó que Rodríguez le exigió que le abonara a él personalmente la cantidad de 600.000 euros y que después ya se encargaría de que los socios con los que mantenía discrepancias abandonaran el proyecto. El acusado incidió en el escrito que Rodríguez no le había exigido este pago económico para el partido, sino a título personal. García aseguró al fiscal jefe que al no aceptar estas condiciones la administración autonómica había iniciado un expediente de rescate del servicio.

El fiscal, ante la falta de pruebas, archivó esta denuncia. Sin embargo, antes de que se tomara esta decisión, según declara probado la sentencia, el empresario hizo llegar a un periódico local de Palma el contenido de la denuncia, que fue publicada casi íntegramente, sobre todo en lo que hacía referencia a la exigencia de Rodríguez de recibir este dinero.

El contenido de esta denuncia traspasó el ámbito local, ya que Amando García concedió una entrevista al corresponsal de un periódico de tirada nacional. La noticia titulaba lo siguiente: "Un empresario que gestiona el 112 en Balears acusa de corrupción al consejero de Interior". La sentencia confirma que esta entrevista se concedió cuando el acusado ya conocía que el fiscal jefe había archivado su denuncia al considerar que no había causa para presentar una denuncia contra el ex conseller del Govern.

No duda el tribunal que todo el contenido de la denuncia y de su posterior repercusión se engloba en el delito de calumnias. Sin embargo, acota la multa y la indemnización por los daños causados.