El Grupo de Delitos Económicos de la Policía Nacional acusa, en un informe remitido al juez del caso Maquillaje, el de instrucción 2 de Palma, a Unió Mallorquina (UM) de usar ocho organismos del Govern, el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma para pagar el sueldo a sus trabajadores y liberados del partido. En este supuesto entramado de corrupción habrían participado también ocho empresas y empresarios, entre ellas las productoras audiovisuales del grupo Video U, así como, por lo menos, 14 dirigentes y cargos de la fuerza nacionalista.
El atestado policial ha reunido una serie de datos dispersos que ya constaban en otros folios de los casos Maquillaje y Voltor, investigado por el juzgado de instrucción 10, sobre las contrataciones ficticias en empresas de Video U y organismos oficiales gobernados en la pasada y la actual legislatura por UM de agentes electorales, apoderados o trabajadores de dicha fuerza.
El Grupo de Delitos Económicos ha imputado a 15 de esos antiguos empleados de UM por los delitos de falsedad documental, malversación de caudales y electoral. El informe policial también incluye una relación de 14 ex dirigentes y cargos de UM, muchos de los cuales ya estaban imputados en los sumarios de Voltor y Maquillaje, como presuntos responsables de esas contrataciones ilegales.
Los organismos públicos incluidos en el atestado son la conselleria de Deportes y Juventud, en la época del conseller Mateo Cañellas. Dentro de Deportes se habrían empleado el Consorcio Balear del Deporte (EBE), la Fundación para el Apoyo y la Promoción Del Deporte Balear (Illesport) y el Instituto Balear de la Juventud; la conselleria de Medio Ambiente, dirigida por Miquel Àngel Grimalt, y dentro de ella el consorcio La Gola; el Consell Insular de Mallorca, tanto en la legislatura anterior como en la actual y, concretamente, el Consorcio de Informática Local de Mallorca (CILMA); y el Ayuntamiento de Palma, especialmente el Instituto Municipal de Formación, Ocupación y Fomento de Palma (INFOF) y la Agenda Local 21, departamentos donde UM tenía mucha influencia en esta legislatura.
El informe policial, con base en las declaraciones de los liberados de UM imputados y tras analizar contratos, correos electrónicos y otros testimonios de los dos sumarios, atribuye a 14 ex dirigentes y cargos de ese partido la utilización de fondos e infraestructuras públicas para sufragar su maquinaria política, especialmente en épocas electorales y entre 2007 y 2010.
Los reseñados son Miquel Nadal, ex presidente de UM y antiguo vicepresidente del Consell; Gregoria Morata, secretaria del grupo municipal de UM en Palma; Margarita Sotomayor y Antoni Martorell, ex jefes de prensa del Consell y el segundo dimitido director general de IB3; Miquel Àngel Flaquer, ex presidente de UM y ex conseller de Hacienda del Consell; Damià Nicolau y Miquel Ferrer, antiguos secretarios generales del partido; Josep Lliteres, alto cargo del Consell en 2007 y ex gerente del Inestur; Francisca Rosa, miembro de la ejecutiva de UM; Mateu Cañellas, ex conseller de Deportes; Antoni Moragues; Eugenia Cañellas, secretaria de Nadal en el Consell; Cristina Cerdó, edil en Cort; Paula Cortés y Toni Baró.
