MATÍAS VALLÉS
La crisis global consiste en que todo el mundo debe dinero a todo el mundo, por lo que nadie puede pagar. La devaluación moral del concepto de deuda ha hundido la economía. Las obligaciones monetarias eran triviales, por lo que cada ayuntamiento de Balears podía endeudarse en la erección de un polideportivo de lujo y de un teatro que sería la envidia de Broadway. Los alcaldes mostraron una encomiable generosidad con el dinero que no les pertenecía.
El Estado reprodujo con los municipios la treta que los bancos pusieron en marcha con los ciudadanos. Llévese el dinero, ya pagará después. Y en efecto, la cantidad reclamada por Leviatán a los ayuntamientos baleares, por un solo año, equivale a un cinco por ciento del presupuesto del Govern. La autonomía bajo fianza, donde acreedor y deudor se tambalean hoy al borde del precipicio en quiebra.
La Liga de las instituciones manirrotas acaba en empate, pero las reducciones de sueldo de los gestores locales son testimoniales, por comparación con los recortes que ha sufrido su actividad. Bajo la coartada sublime de los servicios sociales, las autoridades municipales se limitaron a comportarse como el brazo armado de los constructores, a lo largo de esta legislatura se han destapado las contrapartidas del contubernio. El único sector de proveedores del ladrillo que no ha ajustado plantillas son los departamentos de urbanismo, a veces denominados ayuntamientos.
Cort se enreda en un hotel inacabado –en una isla donde sobran a docenas–, Calvià tuvo más asesores que habitantes. Al contrario de la predicación del capitalismo respecto a los gestores privados, la quiebra económica de los ayuntamientos no suprime a los políticos profesionales. Al contrario, bloquea su renovación porque redobla su dependencia del cargo. Los munícipes nunca defendieron sus ideas con la garra que los aferra hoy a un sueldo.