El Grupo de delitos económicos de la Polícia nacional analizará en las próximas horas los contratos y subvenciones millonarias que el anterior Govern del PP otorgó a los organizadores del Mallorca Classic –un torneo de golf que se celebró a lo largo de varios otoños en el campo de s´Era de Pula, en el municipio de Son Servera–, tras incautarse ayer de diversa documentación al respecto.
Una comisión judicial registró durante casi diez horas las oficinas del Real Pula Golf –vinculado al empresario Romeo Sala, gran amigo de destacados dirigentes del PP balear, y en su día al ex conseller de Turismo del PP Jaume Cladera–, e intervino contratos y demás papeleo.
La competición –que reunía a la élite del golf mundial– la organizaban la empresa de Match Golf Consulting SL, y la sociedad mallorquina propietaria del campo, Real Pula Golf. La sede de la primera en Madrid también fue registrada por la mañana, en una operación supervisada por el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach, que se desplazó allí ex profeso.
Vinculación con Gürtel
Al parecer, los investigadores habrían encontrado una conexión económica entre Match Golf Consulting y otra empresa implicada en la trama Gürtel, un caso de corrupción que afecta al Partido Popular a nivel estatal, con amplias ramificaciones en el partido en Valencia. La promotora del torneo de golf en Mallorca también lo es de diversos eventos similares en Castellón, gracias al patrocinio que recibe de la Diputación presidida por Carlos Fabra, conocido por sus escándalos judiciales.
El patrocinio del Govern de Jaume Matas al Mallorca Classic empezó en 2004 y, según desveló el primer conseller de Turismo ya con el actual Govern del Pacto, Francesc Buils (UM), el PP dejó comprometido el pago de 37.120.000 euros a razón de 4,64 millones de euros anuales hasta el 2014.
El Pacto también pagó
En 2008, Buils logró rescindir el contrato con las dos empresas organizadoras del torneo en Pula, si bien éstas tuvieron tiempo de embolsarse 9,2 millones de euros entre 2007 y el año pasado, cuando finalmente dejó de tener vigencia el acuerdo firmado en su día con el Ejecutivo de Jaume Matas.
El principal motivo esgrimido por Buils para revocar el patrocinio era que el Mallorca Classic se comía por sí solo casi un cuarto de todo el presupuesto anual de la Conselleria para la promoción turística de Balears, lo cual consideraba "excesivo".
Al mismo tiempo, el ex conseller aseguró que el contrato rubricado por el PP en tiempos de su antecesor Joan Flaquer y la organización del torneo en Pula era "nulo de pleno derecho".
No fue la única voz discordante con el polémico patrocinio. La Sindicatura de Cuentas de Balears –máximo órgano fiscalizador de las cuentas públicas– ya puso de manifiesto en su informe de 2006 que la conveniencia de la subvención del Govern al Mallorca Classic no estaba suficientemente justificada, aparte de que su expediente adolecía de serias deficiencias.
Los síndicos hicieron hincapié en que el torneo de golf en el Pula era una actividad realizada por entidades privadas, por lo que su patrocinio con fondos públicos requería una adecuada justificación de que realmente tenía una finalidad de interés general. La Sindicatura puso de relieve que tampoco quedaba acreditado que los costes del evento se ajustaban realmente a los precios de mercado.
Quien puso sobre la pista a la Policía sobre los millonarios pagos del Govern del PP a las promotoras del Pula Golf fue Miquel Àngel Bonet, ex secretario y jefe de la asesoría jurídica del Ibatur, que ha confesado que se apropió de 85.000 del organismo público para sus fines particulares. Bonet declaró en su día al juez el ex gerente del Ibatur, Raimundo Alabern, le hizo hacer un informe técnico que revistiera de legalidad el patrocinio del Mallorca Classic.
El campeonato en Pula nunca gustó al PSOE balear, que lo tachó de "centro de reunión de la derecha más recalcitrante" –por la presencia de Eduardo Zaplana, Jaime Mayor Oreja o Javier Arenas, todos del PP, y famosos periodistas próximos a este partido– y exigió al Govern de Matas que dejara de esponsorizarlo. Fue en vano, pues el entonces conseller de Turismo, Joan Flaquer, siempre defendió su rentabilidad para las islas.
