La reforma laboral "se queda corta"

Así, se argumenta que el documento aprobado es "insuficiente" y que se ha quedado corto o "a medio camino", por reproducir las expresiones más utilizadas. El problema, según intuye el economista Luis Moyá, es que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se ha visto obligado a diseñar una reforma laboral en la que no cree, lo que ha provocado que ésta se haya convertido únicamente en un "maquillaje" sin llegar a generar cambios en profundidad.

También las fuerzas políticas de las islas, al margen de PSOE y PP, se suman a ese descontento, ya sea porque UM también defiende que se trata de unos cambios "insuficientes, tímidos y parciales", o por el rechazo total que genera entre el PSM e Iniciativa d´Esquerres por considerar que supone un retroceso social claramente perjudicial para los trabajadores.

En cualquier caso, economistas y empresarios reconocen que algunos de los cambios aplicados pueden ser positivos, mientras que otros reciben adjetivos como "disparate" o "burrada".

· Indemnización de 33 días por año trabajado

El decano del Colegio de Economistas de las islas, Onofre Martorell, no duda en considerar que una reducción de las indemnizaciones en el caso de los despidos improcedentes, pasando de los 45 días actuales a los 33 en el caso de los nuevos contratados, es una medida que puede resultar "positiva", pero advierte que también "se queda corta", al considerar que el coste de la extinción de la relación laboral sigue siendo excesivo. Una postura similar es la adoptada por el presidente de la patronal de promotores inmobiliarios de Balears, Gabriel Oliver, el cual además añade otra reflexión: la mayoría de las empresas de las islas son pequeñas y medianas, lo que deja poco margen para los despidos, que en muchos casos no sirven más que para constatar su defunción. Por eso, lamenta que no se hayan incluido más medidas para abaratar el coste de funcionamiento de las empresas –como el citado recorte de las cuotas que se abonan a la Seguridad Social–, para mejorar su competitividad y ayudar a que sigan operativas.

Para el presidente de la Federación Hotelera de Mallorca, Antoni Horrach, el pago de 33 días por año trabajado sigue siendo excesivamente costoso para el empresario, una opinión defendida también por el profesor de Economía Aplicada de la Universitat balear, Eugeni Aguiló, y por Luis Moyà, que esgrimen que esa compensación económica para el despedido no debería superar los 20 días por año en plantilla. Incluso el primero aboga por una indemnización escalonada, partiendo de 10 a 12 días durante los primeros años de la vida laboral en el seno de una empresa, para ascender hasta los 20 días a medida que se gana antigüedad.

Otro profesor de Economía Aplicada de la UIB, Javier Rey-Maqueira, se suma a la opinión de que esa compensación sigue siendo excesivamente alta y que debería ser gradual –más elevada a mayor antigüedad–, con un máximo de un año de salario.

· despido subvencionado

El proyecto del Gobierno prevé que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) cubrirá una parte de los costes de despido –en concreto, ocho días por año trabajado–. Esta posibilidad es calificada de "disparate" y "barbaridad" por Javier Rey-Maqueira, por cuanto supone ayudar económicamente a crear un problema social, como es dejar a las personas sin un empleo. Luis Moyá opta por el término "burrada" para enmarcar la medida, al tiempo que recuerda que el Fogasa se financia con los desembolsos de los propios empresarios, algo que también hace Eugeni Aguiló, que se suma a la consideración de que resulta "injusto" que la sociedad deba colaborar con la extinción de una relación laboral. Onofre Martorell admite esas mismas dudas, a la vista del rechazo que puede generar que se subvencione dejar a trabajadores en el paro en un momento en que la cifra de desempleados supera ampliamente los cuatro millones.

Por contra, Gabriel Oliver cree que los efectos pueden ser positivos, pero muy reducidos para una economía como la balear, mientras que Antoni Horrach opina que se trata de una medida coherente y razonable.

· despido objetivo por una "situación económica negativa"

Probablemente el cambio que mayor nivel de unanimidad desata: para economistas y empresarios resulta inadmisible que una reforma de la trascendencia de la que nos ocupa pueda incluir redactados tan vagos. En este caso, el objetivo del Gobierno es ampliar las causas objetivas para el despido procedente, que sólo se compensa con 20 días por año trabajado. Así, determina que una "situación económica negativa" de la empresa puede justificar la extinción contractual, pero ni se define esa situación ni la duración que debe tener en el tiempo. Según Eugeni Aguiló, esta falta de definición dará pie a múltiples interpretaciones por parte de los jueces, mientras que Gabriel Oliver opina que "se entiende su espíritu, pero debería de haberse concretado mucho más".

Luis Moyá se suma a las voces que definen este punto como excesivamente confuso, pero además lanza una advertencia junto a Onofre Martorell: un texto tan poco definido puede dar lugar a mucha "picaresca" por parte de los empresarios a la hora de justificar la citada "causa económica negativa". Para Rey-Maqueira, con ese redactado la medida "no sirve absolutamente para nada", dado que va a potenciar la judicialización de las extinciones del contrato.

La duda de algunas de las personas consultadas, como Luis Moyá, es si el Gobierno ha querido ser deliberadamente confuso en esta cuestión, a la espera de los cambios que se puedan aplicar de la mano de las enmiendas que los grupos políticos puedan presentar durante la tramitación parlamentaria.

· contrato de obra de tres años.

El objetivo es que el contrato por obra pueda mantenerse durante tres años, prorrogable con uno más si lo contempla el convenio colectivo. Es uno de los artículos que provoca una mayor indefinición entre las personas consultadas. Así, Onofre Martorell y Javier Rey-Maqueira evitan pronunciarse, al igual que Antoni Horrach, al alegar este último que esta forma de contratación apenas afecta al sector hotelero.

Por contra, Luis Moyá defiende los efectos positivos que esta iniciativa puede tener, al igual que Gabriel Oliver, al mantener que de esta forma se va a facilitar la contratación en el ámbito de la construcción, especialmente cuando se deben afrontar grandes proyectos de infraestructuras. También Eugeni Aguiló se muestra favorable a esta medida, aunque matiza que se trata de "un cambio muy pequeño".

· reducción de la jornada laboral

El texto elaborado por el Ejecutivo estatal contempla la posibilidad de que las empresas con problemas puedan reducir durante un año el horario de sus empleados entre un 10% y un 70%, con el objetivo de rebajar así sus costes sin necesidad de recurrir a la destrucción de empleos. Se trata del artículo mejor valorado por economistas y empresarios.

Eugeni Aguiló pone de relieve las ventajas que esa mayor flexibilidad en la jornada laboral puede suponer para una empresa que atraviesa un mal momento, mientras que el presidente de los promotores aplaude la trascendencia que en el ámbito social puede tener esta medida, al tratarse de una herramienta que puede ayudar a frenar el crecimiento del paro. Su homólogo en la federación hotelera mallorquina la califica como "razonable".

Al igual que Aguiló, Luis Moyá se suma a las voces que destacan la ventaja que para las empresas en situación de crisis puede conllevar una mayor facilidad para adaptarse a las circunstancias sin tener que llegar a los recortes de plantilla, de ahí que recurra a adjetivos para esta medida como "muy positiva y acertada", a los que se suma Rey-Maqueira, pese a lamentar que "llega tarde".

El decano del Colegio de Economistas opta por no valorar este punto, dado que junto a las ventajas ve también efectos secundarios no tan favorables, debido a que conlleva unos menores ingresos para los asalariados sin tener en cuenta las obligaciones económicas que éstos tienen contraídas, como hipotecas, gastos escolares y similares.