La crisis económica y los numerosos casos de presunta corrupción que se han destapado en los últimos años en Baleares han obligado a reforzar el actual sistema judicial de las islas con nueve jueces y un décimo que llegará en próximas fechas.
"Todos los juzgados que necesitan alguna implementación para poder tramitar sin retrasos excesivos las causas que tienen asumidas se están dotando debidamente", ha declarado a los periodistas el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), Antoni Terrasa.
Los nueve jueces de refuerzo están en los juzgados de instrucción número 1, 3, 6 y 12 (el que está pendiente de incorporación irá al 2), que son los que llevan las causas de corrupción más gruesas; también se ha designado uno en lo mercantil, otro en lo social, dos en las secciones penales de la Audiencia y otro en ejecutorias.
El refuerzo que se ha determinado en el caso de las secciones penales se aplicará de forma estable después del verano, según ha anunciado el presidente del TSJIB.
Terrasa ha detallado estas medidas de apoyo tomadas en el ámbito judicial balear tras presentar un nuevo refuerzo hoy, en este caso para el gabinete de comunicación del Tribunal, que se cubrirá mediante una beca de formación especializada para periodistas.
Esta beca se desarrollará en virtud de un convenio firmado hoy por la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, y la secretaria general del Sindicato de Periodistas de Baleares (SPIB), Margalida Solivellas.
El objetivo del acuerdo que es poder asumir también toda la información creciente que, con los casos de corrupción recientes, ha despertado la curiosidad de los medios y de los ciudadanos y transmitirla con transparencia, veracidad y cercanía, ha subrayado Bravo.
La portavoz del CGPJ ha insistido en este sentido en que el Consejo es "sensible" a todas las necesidades que los juzgados o la justicia puedan tener en el territorio balear ante la "sobrecarga" de trabajo que, ha reconocido, están produciendo la crisis y la corrupción.
"Somos conscientes de la sobrecarga de trabajo, no sólo en instrucción (por la corrupción) sino también en lo contencioso, en lo laboral y en lo penal", ha remarcado Bravo, quien ha asegurado que el Consejo "vigila y adopta" las medidas necesarias para tratar de aliviar esta situación y "evitar que se colapsen".
Respecto a la nueva Oficina Judicial que se ha puesto en marcha en Palma, el vocal balear en el Consejo Carles Cruz, que también ha asistido a la firma del convenio, ha admitido que ha habido problemas con la implantación del sistema informático, que se han producido algunas "caídas de tensión", pero que éstas se han ido solucionando por parte del Ministerio.
Palma, ha recordado Cruz, es la ciudad "con más volumen" de trabajo de aquellas en las que se está implantando la Oficina Judicial. En esta línea, el presidente del TSJIB ha advertido que el proceso será progresivo y "escalonado", empezando por el sistema informático, luego por el estudio de la reforma procesal y por la nueva planta de la Oficina.
