El president del Govern, Francesc Antich, anunció ayer en el pleno del Parlament la supresión de la mitad de las empresas públicas, además de una reducción del 5 por ciento de los presupuestos de cada una de estas entidades. Antich compareció ante la Cámara para detallar el paquete de medidas tendentes a reducir el déficit público, a través de un recorte del gasto y un incremento de impuestos autonómicos para las rentas más elevadas. La importante reducción del sector público fue la principal novedad que lanzó el jefe del Ejecutivo dentro del conjunto de iniciativas que el Govern ya había avanzado.
El president planteó una "profunda reestructuración del sector público", que se encuentra "sobredimensionado", con "una reducción efectiva de 169 a 82 empresas públicas". Antich detallará "en los próximos días" una propuesta concreta respecto a esta reducción con el fin de consensuar con todos los partidos "una nueva estructura del sector público con perspectivas de futuro". A ello añadió el recorte del 5 por ciento del presupuesto de cada uno de estos organismos públicos, que supondrá "33 millones de euros" hasta final de año.
Esta cantidad forma parte de las diferentes partidas de gasto que recortará el Govern y que supondrán, en conjunto, "un ahorro de más de 103 millones de euros" para las arcas autonómicas. Junto a la reducción de gastos, el plan de ajuste incluye un aumento de los impuestos para las rentas más elevadas, así como la creación de un nuevo tributo ambiental que grave a las grandes empresas cuya actividad repercute en el medio ambiente.
Este conjunto de medidas fiscales conllevaría un aumento de los ingresos para las arcas autonómicas de entre 25 y 30 millones de euros, según los cálculos del Ejecutivo. No obstante, PP y UM mantuvieron ayer su rechazo a la subida de impuestos, salvo al nuevo tributo medioambiental que los uemitas sí estarían dispuestos a apoyar.
En cuanto a las medidas de reducción del gasto, además de la eliminación de empresas públicas Antich recordó la supresión de las conselleries de Agricultura y Trabajo anunciada el lunes, una decisión que "se completará con la disminución de otros cargos de responsabilidad política y de personal eventual".
La reducción del 5 por ciento del suelo de los funcionarios y el recorte de todos los sueldos de cargos políticos y altos cargos supondrá un ahorro de "unos 30 millones de euros" en lo que queda de año. Otros 7 millones procederán de la supresión de plazas de funcionarios no cubiertas, mientras que la paralización de las inversiones que aún no se habían contratado añadirán otros 30 millones de recorte.
A estas partidas, Antich agregó un ahorro de unos 3 millones a través de la "contención" de gastos generales y algunas subvenciones que "aunque no representan mucho dinero, no son prioritarias". En este sentido, aclaró que se adoptarán medidas para reducir el gasto en coches oficiales, teléfonos móviles y dietas de altos cargos. Esta precisión la realizó durante la contrarréplica a los grupos parlamentarios, a quienes además emplazó a alcanzar un "gran acuerdo" para "eliminar duplicidades" de competencias que deben traspasarse a los consells.
La exposición de Antich encontró el apoyo de PSOE y Bloc, la aceptación a medias por parte de UM y el rotundo rechazo del PP cuyo portavoz, Francesc Fiol, afirmó que las medidas del Govern son "insuficientes" en lo que se refiere a los recortes y "absolutamente inaceptables" en cuanto a la subida de impuestos.
Recortes generalizados
Fiol emplazó a Antich a "liderar" una política que implique también la reducción del gasto en los consells y los ayuntamientos, ya que las administraciones públicas de Balears padecen "obesidad mórbida" que exige cirugía. "Sobra administración por todos lados", afirmó el portavoz popular quien sostuvo que hay que "desmontar más aparatos de poder y adelgazar más la administración". Tras exigir a Antich que presente un "cuadro macroeconómico" de las medidas, le propuso iniciativas como la de suprimir el bolsín de interinos, aumentar el ratio alumnos-profesores en las escuelas, promover la movilidad de los trabajadores de empresas públicas, recortar el salario a los directivos del Ibsalut y anular varias subvenciones que no concretó.
El líder UM, Josep Melià, se mostró "favorable en general" a las medidas anunciadas por Antich, aunque rechazó la subida de impuestos, con excepción del nuevo tributo medioambiental que se mostró dispuesto a "estudiar". Además, criticó que no se hayan reducido conselleries gestionadas por el Bloc, al que acusó de querer "conservar sus sillas".
El líder del Bloc, Biel Barceló, arremetió contra el Gobierno central y pidió a Antich que no haga "seguidismo" de Zapatero. Además, criticó duramente el delegado del Gobierno, el socialista Ramón Socías, al que acusó de comportarse como un "procónsul imperial".
