Decenas de personas condenadas por delitos contra la seguridad vial (superar la tasa de alcoholemia, conducir sin carnet, ser reincidente conduciendo más rápido de lo permitido...) o incluso por episodios de violencia de género se libran de completar la condena por la falta de recursos de los organismos responsables. En concreto, estas personas se libran de esa parte de la sentencia que les condena a realizar trabajos en beneficios de la comunidad (como permuta a penas de prisión).
Las reformas del Código Penal de 2005 y 2007 han ido tipificando como delitos y agravando las penas de actuaciones que antes se saldaban con una multa, especialmente en lo que se refiere a tráfico. Desde entonces, si, por ejemplo, conduces con una tasa de alcoholemia que supere el doble de los permitido te expones a una multa, retirada del carnet por varios meses y una condena a realizar trabajos en beneficio de la comunidad (TBC).
Cuando la sentencia fija 30 días o menos de TBC –que son la mayoría de los que pasan por los ´juicios rápidos´–, la sentencia prescribe al año; si son más de 30 días de trabajo, prescribe a los cinco años. El problema radica en que para aplicar los TBC hay muchas partes que deben coordinarse y trabajar juntas. No es difícil que, entre que los papeles llegan y los trámites se aprueban, ya haya pasado un año y la persona no ha hecho nada para saldar su deuda con la sociedad. Ni lo hará, porque para entonces ya habrá prescrito. En 2009, 860 personas fueron sentenciadas a hacer este tipo de tareas. En lo que va de año, ya son 529 las personas condenadas a hacer TBC. La mayoría de los TBC vienen de un ´juicio rápido´ de los juzgados de instrucción de Palma. Una vez que hay sentencia firme, pasa al juzgado de lo penal nº8 o de ejecutorias. Y ahí empiezan los problemas porque esta sala es una de las que más acusa la falta de personal y recursos de los juzgados y es de las que está más colapsada. Esta sala tramita la ejecución a la velocidad que sus medios le permiten y la envía al Centro de Inserción Social (CIS), organismo de Instituciones Penitenciarias que se encarga de esta parte de las condenas que "tienen una filosofía diferente de las penas privativas, con espíritu de reinserción social y que conllevan un proceso más complejo".
Centro de Inserción Social
Quien así habla es Felipa Solís, directora del CIS, cuyo departamento de Servicios Sociales tiene actualmente entre manos unas 3.000 sentencias: alrededor de 1.600 ya se están cumpliendo –es decir, 1.600 condenados están realizando trabajos para la comunidad– mientras que el resto está en trámite.
Solís reconoce que hay "un volumen considerable" de penas pendientes, pero remarca que "más de la mitad" se están ejecutando. "Por todos los medios intentamos que no prescriban", asegura, "pero se dan casos porque hay sentencias que llegan muy justas", argumenta. La directora de este organismo dependiente de Instituciones Penitenciarias destaca aun así que los plazos son muy variables y "hay sentencias que llegan casi en el mismo momento en que son firmes y otras que igual tardan dos años".
Cuando reciben una sentencia, lo primero que hace el CIS es notificárselo al penado para que acuda allí. Ahí pueden empezar los problemas, porque no siempre es tan fácil encontrar a estas personas y lograr que se personen en el centro y a veces es necesario dictar un segundo requerimiento. Cuando se reúnen con ellos, los servicios sociales del CIS diseñan un plan de trabajo, que se envía a los juzgados de Vigilancia Penitenciaria para su aprobación. Este trámite, según fuentes oficiales del TSJB, no se demora mucho más de unos días y luego vuelve al CIS para que el penado cumpla el plan previamente diseñado. "En el mejor de los casos", apunta Solís, desde que reciben la sentencia hasta que el penado empieza los trabajos puede pasar como mínimo "un mes". Siempre se prioriza aquellas sentencias que van a prescribir antes, indica la directora del CIS.
El problema, según fuentes judiciales oficiales, radica en las dos partes: por un lado, la saturación de la sala de los penal nº 8 o de Ejecutorias de Palma, y por otro la falta de recursos del CIS, algo de lo que los juzgados de Vigilancia Penitenciaria ya se han quejado a Instituciones Penitenciarias de Madrid. Desde la capital, el departamento dirigido por Mercedes Gallizo ha reconocido que hace falta personal y ha asegurado que tomará medidas. Felipa Solís asegura que "hay concienciación de que las penas se cumplan" y "se busca la coordinación". Según señala, el CIS está ahora mismo "estableciendo una dinámica para lograr la agilidad". Además, remarca, "muchas veces contamos con mucho margen de tiempo".
Borrar los antecedentes
Varios abogados consultados por este periódico sobre este tema aseguraron que este tipo de sentencias "normalmente" no se cumplen "por falta de plazos y medios". Los letrados aseguran que no es por que los condenados intenten escaquearse, ya que sus clientes son los primeros interesados en hacerlos cuanto antes ya que es la forma más rápida para borrar de su expediente los antecedentes penales. Y es que si la sentencia prescribe y el condenado no ha realizado los trabajos en beneficio de la comunidad que debía hacer, tardaré más tiempo en poder eliminar esos antecedentes de su expediente.
Uno de los abogado señaló que "la mayoría prescriben" si bien indicó que "a algunos clientes sí que les han llegado a llamar". Normalmente llegan a realizar los TBC las personas que han sido condenadas a más de 30 jornadas de tareas, ya que en ese caso prescribre a los cinco años, inciden. "Tengo sentencias de 2007 que aún no se han ejecutado", indicó otro letrado.
