El futuro se tambalea. El recorte de gasto que dejará sin aire a las cuentas públicas se cierne sobre un proyecto clave para Mallorca: la reforma integral de Playa de Palma. Su coste convierte la remodelación en carne de cañón: los casi 4.000 millones de inversión que deberían liberarse antes de 2020 para modernizar la zona de turismo intensivo de Palma dependen en gran medida de las decisiones de Madrid. No en vano, aunque el grueso de la inversión es privada (2.500 millones, según la última versión del plan de reforma), las obras serán imposibles sin el esfuerzo público, cifrado en 1.389 millones de euros.
De ese montante, la parte del león debería salir de las mismas arcas estatales que ahora se cierran para adaptar a España a los parámetros de déficit presupuestario que impone la Unión Europea a través de su Pacto de Estabilidad y Crecimiento. De ahí la incertidumbre que la sombra del tijeretazo de Zapatero proyecta sobre Cort, la conselleria de Turismo y el propio Consorcio de la Playa de Palma. En el origen de la preocupación está el Consejo de Ministros que el 24 de julio del año pasado se celebró en el Palacio de la Almudaina. Tras aquella reunión del Gobierno, el presidente Zapatero le prometió al president Antich que en los próximos seis años se invertirían en el proyecto de Playa de Palma 83,5 millones de euros. Aunque añadió un matiz de calado: la llegada a la isla de ese dinero quedaba supeditada a una disponibilidad presupuestaria que ahora mismo parece imposible, toda vez que el Gobierno pretende recortar sus inversiones directas en proyectos en 6.045 millones de euros.
¿Será el de Playa de Palma uno de los afectados? Es muy posible. En su contra juegan las apreturas fiscales de España, sí, pero también el elevado coste total de una operación a quince años vista difícil de rentabilizar políticamente y los trámites administrativos pendientes para sacar adelante una remodelación que precisa la aprobación de una ley que agilice la reforma. Este trámite supondrá al menos un año, aunque ahorrará al menos cinco: sin la ley sería preciso modificar los planes generales de Palma y Llucmajor y haría falta retocar el plan territorial de Mallorca, modificaciones que alargarían el tiempo de espera a entre seis y ocho años.
Con estos condicionantes Mallorca podría alejarse de la "primera categoría" a la que la elevó la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega tras anunciar los 83 millones para los próximos seis años que ahora están en el alero. Ya lo estaban el mismo día del anuncio, cuando desde el empresariado se esbozaban las primeras dudas. "Nos están vendiendo humo", decía entonces el presidente de la patronal de la pequeña y mediana empresa, Juan Cabrera, que unos meses después ve humo por todas partes: humo en el proyecto de Playa de Palma y humo en los cielos europeos, que ayer volvían a cubrirse de cenizas del volcán islandés que desde hace un mes le mete tijera a las cifras de turistas que llegan a un isla amenazada ahora en sus inversiones clave por otro tijeretazo: el decretado por el presidente Zapatero para salvar a España de la quiebra de su caja pública.
