La clase política balear, al margen de su color político, no ocultó ayer sus reticencias a rebajar las retribuciones que percibe en las instituciones isleñas, una reclamación hecha ayer de forma unánime por las organizaciones sindicales. En la inmensa mayoría de los casos, se recuerda que el sueldo de los políticos lleva al menos dos años congelado y el único compromiso que se adquiere públicamente es que esa posibilidad se estudiará.

El primero en demostrar que esa bajada en las retribuciones no estaba inicialmente en su agenda fue el president del Govern, Francesc Antich, el cual dejo la puerta abierta a esa posibilidad después de que la prensa le preguntara al efecto, pero sin asumir ningún compromiso concreto.

Antich no ocultó que parece "lo más normal y lógico" que los políticos" también participen en el esfuerzo que se reclama a otros colectivos, aunque reconoció que es pronto para concretar las medidas de ajuste que se aplicarán en las islas. En ese grupo incluyó también a los diputados del Parlament, aunque se recordó que es una decisión que sólo puede tomar la Cámara autonómica.

Desde el Consell de Mallorca tampoco se dio una respuesta concreta ante esta demanda, más allá de que será estudiada el próximo miércoles por su Consell Executiu.

Más evidentes fueron las dudas de la alcaldesa de Palma, Aina Calvo, la cual subrayó que los altos cargos de Cort llevan tres años con los salarios congelados, lo que supone que se han adelantado a las nuevas medidas de ajuste. Calvo hizo especial hincapié en que "no todos los cargos políticos cobramos como un ministro". Su concejal de Hacienda, Andreu Alcover, destacó que los altos cargos del Consistorio palmesano son un 50% inferiores a los de Marratxí o Calvià, por lo que opinó que si se aplican recortes, no deberían ser iguales para todos.

En ayuntamientos como los de Felanitx o Pollença se plantea una rebaja del 5%, mientras que en el de Ses Salines se habla de aplicarse una "pequeña" reducción y en el de Vilafranca de convocar menos plenos para cobrar menos dietas.

Pero la mayoría se limita a contestar que se estudiará esa posibilidad, aunque con las correspondientes críticas a la política del presidente Zapatero, como en el caso de los alcaldes de Inca y Manacor.

Por su parte, las organizaciones sindicales fueron ayer unánimes a la hora de exigir a la clase política balear que sea la primera en asumir sacrificios ante la precaria situación de las cuentas públicas, aplicando un recorte del 15% en sus retribuciones, tanto por lo que respecta a la Administración autonómica como a los consell insulars, ayuntamientos o Parlament. Pero la reclamación va más allá, e incluye la destitución de una buena parte de los numerosos asesores con que cuentan las instituciones isleñas y la supresión de muchas subvenciones que en opinión de los representantes de los trabajadores tienen un marcado carácter "clientelista".

De este modo podría evitarse el tener que aplicar recortes en las retribuciones de los empleados públicos o tener que vulnerar derechos sociales, según se aseguró. Y además desde UGT se hace otra advertencia al conjunto de los asalariados: cuando se bajan los sueldos en las Administraciones públicas, los empresarios acaban reclamando poder hacer lo mismo.

La necesidad de que sean los cargos políticos los primeros que vean limitadas sus retribuciones un 15% es un argumento unánimemente expuesto por los sindicatos, y con la advertencia adicional desde CCOO de que no se hagan "trampas" como "subirse las dietas que perciben por asistencia a plenos o comisiones para luego hacer como que se bajan sus salarios", al considerar que existen antecedentes de este tipo de estrategias.

Pero además se denuncia el elevado número de asesores existentes en las diferentes instituciones, como en el caso de USO –que también pide que se corten las ayudas a los propios sindicatos y patronales–, o el reparto de subvenciones "clientelistas", según esgrime el Sindicato Médico Libre.