El fiscal acusa a Cardona de cobrar sobornos de hasta el 40 por ciento

FELIPE ARMENDÁRIZ/ J.F.MESTRE. PALMA. La fiscalía anticorrupción y el actual Govern acusan al ex conseller de Comercio e Industria en la pasada legislatura, Josep Juan Cardona, actual diputado del PP, de cobrar sobornos de entre el 10 y el 40 por ciento de los contratos otorgados por el Consorci per al Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears (CDEIB), un organismo público investigado en el caso Scala. Los fiscales Juan Carrau y Pedro Horrach, y la abogada del Govern María Ángeles Berrocal, postulan que los cohechos, que habrían ascendido a más de 1,5 millones, se pagaban en el CDEIB en efectivo o mediante facturas falsas emitidas por los proveedores.
El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) Antoni Capó tiene que pronunciarse sobre la apertura de la pieza de responsabilidad civil contra Cardona, defendido por Josep Zaforteza, y la fianza que le reclaman las acusaciones. Fiscalía y acusación particular en nombre del Govern solicitan para el ex presidente del PP de Eivissa una fianza de 4,875 millones de euros.
Esa cantidad nace de sumar 3,656 millones de las "cantidades sustraídas y las cantidades cobradas por los sobornos", más 1,21 millones de euros del tercio suplementario que exige la ley.

Siete sobornadores

El escrito de la fiscalía imputa a Cardona, en su calidad de presidente del CDEIB, el conceder "numerosos contratos de prestaciones de servicios" a una serie de empresas y particulares proveedores del Govern en la pasada legislatura. Los contratos se habrían hecho vulnerando los protocolos legales.
Anticorrupción enumera a siete presuntos sobornadores, que se habrían concertado con Cardona para conseguir los contratos, "a cambio de una comisión que oscilaba entre el 10% y el 40% del servicio contratado".
Los pagadores de sobornos serían: Estudi Joan Rosselló (15% de comisión); Fires Geremi S.L. (15% de sobornos); NTC Consultors S.L. (comisiones del 40%); Marketing Ones S.L. (40%); Sergio José Peretelegui Jornets (40%); Camino Export S.L. (40%); y Taller Grafic 3,1 S.L. (10%).
El fiscal menciona otros proveedores, pero no especifica la cuantía de sus comisiones. Las dádivas se habrían pagado por estos empresarios en metálico o "mediante el abono de facturas simuladas y falsas emitidas por otras empresas o personas físicas vinculadas al presunto entramado", entre ellas Isabel Rosselló, la esposa de la gerente del CDEIB, Antònia Ordinas.