El Govern está dispuesto a poner freno a la malversación de caudales públicos en la administración pública. Por este motivo, mediante la Ley del Sector Público que ya ha entrado en el Parlament, pondrá interventores anticorrupción en las empresas, consorcios o fundaciones públicas. Estas figuras tendrán la finalidad de controlar la gestión económica y el gasto en los 184 entes en los que participa de forma directa o indirecta el Govern.

Los principales casos de corrupción que se han destapado en Balears se han cometido en las empresas públicas. La falta de controles de la administración en estas entidades han propiciado casos de presunta malversación de caudales públicos como el Scala en el CDEIB; el caso Voltor en el Inestur; el caso Turisme Jove en el consorcio del mismo nombre o la última operación judicial conocida como caso Bomsai, que se desarrolló en la empresa CAIB-Patrimoni. Sin Olvidar el caso Bitel o el caso Maquillaje con su conexión con la televisión del Consell de Mallorca.

Para evitar este tipo de actuaciones, nace la Ley del Sector Público. Tiene el objetivo de legislar la falta de control en empresas, entes, consorcios y fundaciones de carácter público que ha habido desde su creación en los años 80. Funcionan como una empresa casi privada manejada por el poder político de turno y financiadas por la Administración.

Para paralizar esta situación de falta de control económico que es campo abonado para los casos de corrupción, el Govern creará los llamados comités de auditoría que estarán capitaneados por funcionarios de la conselleria de Economía y Hacienda que dirige Carles Manera.

Además, también se enviarán interventores generales a las empresas públicas más importantes si así lo consideran oportuno desde Economía. Esta figura es la que vigilará de forma más exhaustiva los contratos, convenios y operaciones que se realicen desde las empresas públicas.

El comité de auditoría estará integrado por un miembro del órgano colegiado de dirección de la empresa que no sea cargo directivo, un representante de la conselleria de Hacienda y Presupuestos, un representante designado por la Intervención General del Govern; dos integrantes de la Conselleria a la cual pertenece la empresa y que sólo tendrán voz y no voto. También en esta misma situación (con voz pero sin voto) estará un representante de la empresa auditora externa que audite las cuentas del ente público.

Asimismo, se prevé la creación de un auditor interno que se encargará de "verificar el buen procedimiento en la ejecución de los presupuestos y aconsejar a la gerencia de la entidad pública sobre los riesgos que vaya detectando", según explica el texto de la Ley que en pocas semanas se debatirá en el Parlament y que en principio tiene garantizada su aprobación con el voto favorable de PSOE, Bloc y UM.

Por otra parte, las empresas públicas también verán limitada su capacidad de endeudamiento. Además de tener que pedir permiso a la Dirección General del Tesoro, no se podrán exceder en su deuda de un 10% de su presupuesto de ingresos corrientes ni del 10% del total del gasto de la Conselleria correspondiente. Las consellerias con empresas también deberán hacer frente al déficit de sus entes.

Otro aspecto que contempla la nueva Ley del Sector Público es que las empresas públicas de nueva creación tendrán que autofinanciarse y no deben depender de los presupuestos del Govern. También será necesario que justifiquen cada año su ámbito de actividad en relación con sus inversiones.