La fiscalía anticorrupción deberá decidir, dentro de unos días, si solicita la imputación de los ex president y conseller de Interior del anterior Govern del PP, Jaume Matas y José María Rodríguez, respectivamente, por el chivatazo que recibieron, a finales de noviembre de 2006, algunos de los principales imputados en el caso Andratx y respecto al inicio de la operación policial contra ellos.
La semana que viene Eugenio Hidalgo, ex alcalde de Andratx, declarará por segunda vez ante el juez Francisco Pérez, instructor del caso Andratx. Pérez abrió, hace algunas semanas, una pieza separada nueva, la número 76, donde investiga las circunstancias por las que Hidalgo, y otros encausados en la operación Voramar, supieron, con varios días de antelación, que la Guardia Civil les iba a arrestar e iba a practicar registros.
Hidalgo, que cumple condena en la cárcel de Palma por otras dos piezas separadas del caso Andratx, ha comparecido dos veces ante el instructor en calidad de testigo, aunque acompañado por su abogado madrileño.
El ex alcalde fue excarcelado antes de Semana Santa para declarar por segunda vez, pero no llegó a ser interrogado. La semana que viene volverá a los juzgados de Vía Alemania para dar nuevas explicaciones sobre las horas previas al estallido del caso Andratx.
Llamada de Rodríguez
El conseller del Interior, José María Rodríguez, habló por teléfono con Hidalgo minutos antes de su detención por la Guardia Civil. Esa llamada consta en el sumario debido a que los principales imputados en la presunta trama de corrupción urbanística tenían sus teléfonos intervenidos por orden del juez de instrucción 12 Álvaro Latorre. La conversación fue interpretada en su día como una prueba de que Rodríguez sabía de la inminente operación policial y habló de ella con Hidalgo.
Tras las detenciones de Hidalgo, del ex director general de Ordenación del Territorio del Govern del PP, Jaume Massot, y del celador municipal de obras de Andratx, Jaime Gibert, el juez Latorre, a petición de la fiscalía, investigó la posible filtración de la operación.
Los teléfonos de Rodríguez fueron pinchados y sus conversaciones grabadas durante unos días. Sin embargo, los fiscales anticorrupción, posiblemente obedeciendo órdenes de sus superiores, pidieron que se levantaran las intervenciones.
Las escuchas no aportaron nuevos indicios sobre el origen del soplo. Las cintas con las conversaciones del conseller Rodríguez fueron destruidas por orden del juez y a petición de Rafael Perera, abogado de Jaume Matas.
En el sumario también consta que Hidalgo se reunió con Perera y Matas en el Consulat de la Mar horas antes del estallido del caso Andratx. Hidalgo se dedicó también en los dos días anteriores a su arresto a tratar de destruir pruebas en su despacho y su domicilio.
La fiscalía, a la luz de las nuevas explicaciones que ofrezca en su declaración Hidalgo, tendrá que decidir si pide la imputación de Rodríguez y/o Matas en relación a las filtraciones.
La pieza separada, no obstante, podría sobreseer si los investigadores estiman que no hay indicios para depurar las posibles responsabilidades.
Rodríguez, en su día, rechazó haber alertado a Hidalgo sobre la operación policial.
