Al margen de las paladas de millones concedidas al polifacético empresario Jacinto Farrús, la madre del cordero del ´caso Voltor´ se concentra en una centralita virtual. Un servicio telefónico de información destinado a los turistas que rindió fabulosos beneficios a la empresa concesionaria Minser y, supuestamente, alegró el bolsillo de algunos políticos.

La chapuza da risa si no fuera por las ganas de llorar que provoca el importe de la dichosa centralita: 1.630.000 euros (más de 271 millones de pesetas), cantidad todavía mucho mayor si se añaden determinados suplementos. El ´caso Voltor´ ilustra mejor que cualquier enciclopedia cómo se maneja el dinero público destinado a la promoción de las islas.

La historia del telefonillo se remonta a la pasada legislatura. En el Consell de Mallorca, gobernado por UM, existía una dirección general de información turística y un consorcio de informática (Cilma) bajo el mando de Francesc Buils. En el año 2006 alguien tiene la feliz idea de crear un sistema de respuesta de voz interactiva (IVR) para atender a los visitantes de la isla. Bajo ese nombre tan rimbombante se esconde la operadora automática que utilizan muchas empresas para informar a sus clientes, quienes se ponen muy nerviosos por no poder hablar con una persona de carne y hueso.

El proyecto se fragua en 2006. El gerente del consorcio informático del Consell, Eugenio Losada, relata a la Policía que antes de adjudicar la concesión de la centralita, Buils y otros cuatro compañeros viajan hasta Dallas para visitar la empresa estadounidense Intervoice, encargada de suministrar la tecnología a la mallorquina Minser. Por supuesto, el desplazamiento y una sesión de masajes lo pagó esta última sociedad. Y por supuesto, ganó la adjudicación por 630.000 euros después de que sus propietarios ayudaran a los técnicos del Consell a redactar los pliegos del concurso. Según Losada, Buils cobró 30.000 euros en comisiones. El aludido lo niega. El propietario de Minser, Gabriel Rivas, también refuta todo ante la Policía.

Pese a su importe, la aplicación no se publicita y el teléfono recibe una media de 30 llamadas al mes y 50 en época estival. Rivas achaca el escaso volumen de tráfico al "desconocimiento" de los funcionarios, poco duchos, dice, en asuntos tecnológicos.

La fascinación de los políticos de UM por la operadora automática no merma a pesar de su escaso éxito. Cuando el Pacto de Progreso accede al Govern balear en 2007, Francesc Buils asume la cartera de Turismo y una de las primeras cosas que ordena es rescatar el telefonillo virtual, pero ahora con un servicio para todas las islas. Para ello, Buils ordena al Instituto de Estrategia Turística de les Illes Balears (Inestur) firmar un convenio de tres años con el consorcio de informática del Consell. Los socialistas que gobiernan en la institución insular, encantados de deshacerse del muerto, no ponen pegas. La operación cuesta a las arcas públicas un millón de euros y la tarea de desarrollar el operativo recae otra vez en Minser, aunque esta sociedad subcontrata el trabajo a Telefonica Soluciones.

Minser se habría comprometido a aportar un ´Call Center´ donde tres o cuatro personas reales, y no una voz grabada, atenderían a los turistas las 24 horas. Aparentemente, las instituciones han pagado por este servicio, pero la concesionaria no lo ha desarrollado.

Lo último que se sabe del telefonillo mágico nos remite al 20 de enero de este mismo año. La directora del Instituto Balear de Turismo, Susanna Sciacovelli, presentó la "novedad" en la feria turística de Madrid (Fitur) ante decenas de personas. Sciacovelli inaugura el 900 330 033, un loro que repite monumentos, fiestas, playas, hoteles o clubes náuticos las 24 horas del día y los 365 días del año. El telefonillo fue flor de un día. A las pocas semanas estalló el caso Voltor y ya no hay ninguna página web donde se publicite. La socialista Joana Barceló asumió la cartera de Turismo y aparcó el proyecto de Francesc Buils bendecido por el ex presidente de UM, Miquel Àngel Flaquer, y quizá también por Maria Antònia Munar. En la actualidad, no se elaboran estadísticas sobre el rendimiento de esta centralita, apuntan desde la Conselleria.

Si echamos cuentas de lo invertido en tres años y de la demanda de usuarios (una o dos llamadas al día), podemos asegurar que los baleares han pagado unos 1.800 euros cada vez que ha saltado la voz grabada de la operadora.