El consejo acordó por unanimidad dos peajes en sombra el mismo día

M. MANSO / F. ARMENDÁRIZ. PALMA. Las pesquisas de la operación ´Bomsai´ se centran principalmente en dos adjudicaciones a cargo de la empresa autonómica Caib Patrimoni S.A, dependiente de la conselleria de Economía y Hacienda, dirigida en aquella época por Lluís Ramis d´Ayreflor. El mismo día, el 22 de febrero de 2007, se celebró un consejo de administración en la sede de la entidad. En el acto participaron el conseller Ramis d´Ayreflor, sus directores generales del Tesoro, Antonia Carrasco Martí, Tributos, Jorge Sainz de Baranda, y Patrimonio, Miguel Mateu Roig, además de la secretaria general de la conselleria, Dulce Nombre García Caballero.
El consejo de administración lo presidió Lluis Ramis d´Ayreflor y durante el encuentro se adoptaron dos decisiones trascendentales. Por unanimidad se adjudicó la construcción y gestión del parque de bomberos a la unión temporal de empresas formada por Gerens Management Group, Constructora San José, Llabrés Feliu, Estel Ingeniería y Gestión de Proyectos Balear.
Los mismos protagonistas sellaron otro acuerdo por unanimidad: la adjudicación de la edificación y mantenimiento de la sede de la conselleria de Salud a las empresas Sampol Ingeniería y Brues y Fernández Construcciones.
En ambos casos, se eligió el sistema de ´peaje en sombra´ para financiar las obras. De este modo, el sector privado construye, financia y explota la infraestructura mientras la Administración abona periódicamente, vía presupuesto, una cantidad acordada en el contrato de concesión. Este modelo se empezó a utilizar en Bélgica en los años sesenta, aunque con poco éxito. Su expansión se produjo en Gran Bretaña, en la década de los años noventa. Tiene la desventaja de que no repercute los costes a los usuarios, creando la percepción ficticia de ser gratis, lo que supone una gran ventaja política de cara a las elecciones. El presupuesto público se alivia, pero sólo temporalmente. A este sistema se le acusa de aportar jugosos beneficios a la empresas privadas concesionarias y de ocultar un "endeudamento en la sombra" de muy difícil cuantificación.