El ex-director general de Tributos del Govern de Jaume Matas, Jorge Sainz de Baranda, detenido esta tarde por la Policía Nacional, fue nombrado en un auto judicial, emitido en julio de 2008 por el juez decano de Palma, Francisco Martínez Espinosa, administrador del concurso de acreedores del Grupo Drac, presidido por Vicente Grande, quien acumuló un pasivo de 600 millones de euros, a consecuencia de los efectos de la crisis inmobiliaria que afecta al mercado.

Así, el procurador Sainz de Baranda se encarga desde entonces de esta labor, junto al economista Salvador Fornés y Raimundo Zaforteza Fortuny, después de que el Juzgado de lo mercantil número 1 de Palma declarase el concurso de acreedores del Grupo Drac, tras la decisión del grupo empresarial presidido por Vicente Grande de presentar dicho concurso en el juzgado de forma voluntaria el 16 de junio de 2008.

Concretamente, las empresas del Grupo Drac que se vieron afectadas por la declaración del concurso voluntario de acreedores, fueron catorce en total. Éstas son Binisaeta, Binipuntrió, Drachotels, Binobona, Dracplus, Plus Aragón, Pinianova, Brivalta, Autorecambios Hilario, Bini María, Novadenia, Promomedi, Promotora Polígono Santa María, Joyería Colon.

De acuerdo con la Ley Concursal, Vicente Grande conservará sus facultades de administración sobre su patrimonio, aunque el ejercicio de éstas "quedará sometido a la intervención de los administradores concursales", entre ellos Sainz de Baranda, quien también es adjunto a la presidencia del PP balear dentro del comité de dirección de esta formación, presidida por José Ramón Bauzá.

Asimismo, en conformidad con el Auto, firmado por el juez decano Francisco Martínez Espinosa, Grande y los representantes de las "sociedades deudoras" deberán comparecer ante el Juzgado y la administración concursal siempre que les sea requerido, "debiendo colaborar e informar en todo lo necesario".

El pasado mes de junio de 2008 Vicente Grande, representado por el procurador Alejandro Silvestre, presentó un concurso voluntario de acreedores al acumular un pasivo de 600 millones de euros, y en ese momento aseguró que el Real Mallorca quedaba "totalmente al margen de esta operación".

LA FISCALÍA SOLICITÓ DOCUMENTACIÓN A ECONOMÍA

Por otra parte, fuentes de la Conselleria de Economía informaron a Europa Press de que en los últimos meses, la Fiscalía Anticorrupción ha requerido a este departamento diversa documentación, en relación a la gestión realizada en la pasada legislatura del Govern de Matas en la que Sainz de Baranda era el director general de Tributos.

De este modo, informaron de que la investigación abierta por la Fiscalía entorno a un nuevo supuesto caso de corrupción en Baleares, en el que se podría haber desviado fondos públicos de la empresa pública CAIB Patrimonio no parte de una denuncia de la Conselleria de Economía, sino que ésta se ha limitado a colaborar aportando toda la documentación que se le ha requerido.

Concretamente, la empresa CAIB Patrimonio, que depende de la Conselleria de Economía y que se fusionará en las próximas semanas con el Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI), se encarga de la adquisición, la venta, la explotación, el alquiler y la cesión del uso de terrenos y otros bienes inmuebles, así como de la construcción y la promoción de edificios y otros inmuebles del Govern.