Si el Gobierno saca adelante su reforma de la ley de puertos de 2003, las mejores vistas al mar estarán al alcance de todo aquel que pueda pagar por dormir junto a ellas. Están en los faros que señalan y coronan los puntos más destacados del litoral mallorquín, jalonado por 16 torres de señalización que, con la reforma legal en la mano, podrían albergar negocios hoteleros tales como restaurantes, bares y hoteles.
La mayoría de esas 16 torres están deshabitadas. La tecnología que permite la gestión automática de las balizas y la jubilación de quienes las ocuparon durante décadas han convertido a los fareros en una especie en extinción: en Mallorca ya solo quedan cinco en activo, que el día de su jubilación serán previsiblemente sustituidos por técnicos itinerantes de la Autoridad Portuaria de Balears.
Para evitar que su marcha conlleve abandono y deterioro, PSOE y PP trabajan en los detalles de un texto que aligerará los trámites precisos para usar los faros en tareas que nada tienen que ver con la orientación y la náutica. "Actualmente la ley ya permite usos adicionales o paralelos a las ayudas a la navegación, aunque la aprobación de esos usos depende directamente del Consejo de Ministros", explican en la Autoridad PortuariaPero si la ley cambia en la línea en la que avanzan Gobierno y oposición, conseguir el visto bueno para instalar un negocio en un faro será más sencillo: bastará la autorización del Ministerio de Fomento.
Solo un faro con restaurante
Hasta ahora, la complejidad de los trámites había minimizado la actividad privada en los faros. Tanto es así que solo un 25% de las 187 atalayas costeras españolas son a día de hoy de uso público. La proporción se mantiene en Mallorca, donde apenas 4 de los 16 faros permanecen de un modo u otro abiertos para el gran público. Y de ellos solo uno anticipa lo que está por venir con la reforma: es el de Formentor, en el que está autorizado un pequeño bar-restaurante.
Los otros tres faros están dedicados a la divulgación y la investigación científica. El de uso más productivo es la el del Cap de Ses Salines, sede desde el año 2003 de una de las estaciones del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA). Allí se analizan los ecosistemas marinos de la costa mallorquina, aprovechando para ello la posición privilegiada de una baliza ubicada en el corazón de una de los pocos tramos de litoral virgen que le quedan a Mallorca.
Del mismo modo, el Consell insular trata de sacar partido de las dos torres de señalización que conviven con otro enclave de excepción: la isla de Sa Dragonera y el parque natural que la circunda. Una de ellas, la atalaya de Tramuntana, alberga un modesto museo creado en las antiguas viviendas de los fareros. La otra baliza de la pequeña isla dragón, la de Llebeig, se alza 130 metros sobre el mar, un punto de vistas impares que va camino de convertirse en centro de interpretación pesquera. Para las otras catorce torres el futuro puede pasar por el primer negocio de Mallorca: la hostelería. Y lo mismo podría decirse de los siete faros menorquines y los diez que hay en Ibiza y Formentera, susceptibles de convertirse en un reclamo hotelero más.
Críticas a la reforma
Antes deberá vencer las resistencias que genera el proyecto de ley de puertos, atacado por dos frentes: el de los grupos ecologistas, que consideran la reforma una privatización encubierta del litoral, y el de los partidos políticos e instituciones económicas de canarias y baleares, que afean a la nueva ley su supresión de las bonificaciones a las tasas portuarias vigente en las islas. De ello hablaba precisamente ayer el senador del Bloc-PSM-Verds Pere Sampol, que ve en el final de las tasas reducidas "graves perjuicios económicos" para los baleares, que verían por ejemplo incrementado en un 50% el coste de transporte de vehículos vía ferry.
