Tras la detención de Eugenio Hidalgo, el entonces president Jaume Matas se apresuró a anunciar que el esposado del PP había dimitido como alcalde de Andratx. Era mentira, según es costumbre en el ex ministro, y al hoy condenado hubo que arrancarle la renuncia con métodos odontológicos. El ex ministro con palacete habrá revivido estos días la escena, mientras forcejeaba con su carné del PP para acabar concediendo una "baja temporal". La provisionalidad impostada recuerda en lo cómico a la "suspensión temporal de convivencia" entre la infanta Elena y Jaime de Marichalar, el cual guarda más de una semejanza fisonómica con Mariano Rajoy.

Una figura permanece inamovible en ambas escenas, Rafael Perera. Ora extrayendo a Hidalgo el cese como alcalde, ora presentando al PP balear la "baja temporal" de su cliente, como si se tratara de un acto adicional de su defensa. Matas tiene un concepto muy amplio de la intermediación letrada, pero el gesto también demuestra el desprecio hacia la formación política a la que debe su enriquecimiento, según la fiscalía. Todo ello admitiendo que su renuncia sea verdadera, a diferencia de su declaración de Hacienda o de sus estomagantes invocaciones a la honestidad y la transparencia.

El PP ya no es de Matas. Dos datos revelan el nerviosismo –al borde de la histeria– imperante entre los populares, al contemplar el desparpajo de su defraudador fiscal a gran escala. En primer lugar, la puñalada de perfil que le ha infligido Rajoy, cuando le urge "si puede, a demostrar que es inocente". En el orden citado, para que el condicional cancele la virginidad sugerida a continuación. La frase del jefe de la oposición recuerda a Aznar, obligando a Cañellas a dimitir de president con un refitolero "cumplirá con su palabra porque es un caballero". En segundo lugar, la solapada expulsión era tan imprescindible que no se ha aguardado a la aparición del auto con vistas al mar, redactado por el juez José Castro.

Retornando al paralelismo histórico, ni Cañellas podía ser una piedra en la carrera de Aznar, ni Matas convertirse en un obstáculo en el cansino deambular de Rajoy. Si quiere medirse la brusquedad de la expulsión, baste recordar que el PP no ha suspendido de militancia a Luis Bárcenas, otro de sus genios de las finanzas. De vuelta a casa, Perera multiusos puede agradecer a los cargos de su cliente –los públicos, no los penales– la desahogada posición económica que garantiza que Matas no lo necesita, para afianzar las hipotéticas sumas solicitadas por el juez. Nada permite concluir que se haya secado el venero de dónde han manado los cientos de miles de euros en negro, que el ex president desmenuzó en sede judicial casi con orgullo. Aparte, qué fianza puede resultar elevada para alguien dispuesto a pagar 375 euros por la escobilla de su cuarto de baño.

Sin ánimo de comparar, Rodrigo de Santos devolvió el dinero de sus andanzas prostibularias. Además, pidió perdón con reiteración a los ciudadanos y calificó su comportamiento de robo, sin ambages. No importa que se tratara de una estrategia defensiva, el esfuerzo de contrición es idéntico. En cambio, Matas ni siquiera se digna improvisar unas esquemáticas explicaciones. Antes al contrario, presume de los millones que gana desde su jubilación y se presenta a declarar vestido en miles de euros, negros o no.

La corrupción es un factor secundario para Matas, frente a la avidez por declararse superior a su audiencia y por alardear de opulento en su momento más peliagudo. La presunción de inconsciencia es más acusada que su presunta inocencia. La clave de su comportamiento se halla en un capítulo de las cintas interceptadas, donde los Matas/Areal atribuyen el vacío de la alta sociedad madrileña a la pérdida del ministerio. Un bravo análisis, salvo que fueron desalojados del extinto departamento de Medio Ambiente hace más de siete años. O la descompresión es muy lenta, o la visita del motorista aciago no tiene cura.

El retraso del auto judicial llenará de felicidad a quienes siguen explorando los capítulos del escrito de la fiscalía anticorrupción, que ha recurrido a la fábula esópica para describir un capítulo del Palma Arena, "se mete a la zorra en el gallinero". Tal vez no lo pretenda, pero resume a la perfección la segunda estancia de Jaume Matas en el Consolat, entre los años 2003 y 2007. El ministerio público reclama el sentido común de sus lectores, virtud que con algún esfuerzo puede simular un periodista. Desde esa perspectiva –el "sentido común" es la cantinela favorita de Rajoy–, ni cherchez la femme ni cherchez l´argent. Hay que buscar los números, siempre sinceros.

El enigma del velódromo se desvela en la concesión del Palma Arena a Fomento de Construcciones y Contratas, que sólo casualmente es la constructora de las autopistas de Eivissa y del Túnel de Sóller, de nuevo el paralelismo entre las caídas de Cañellas y Matas. Tras una reunión previa de Matas con Marcelino Oreja –presidente a la sazón del gigante empresarial–, que el fiscal considera altamente incriminatoria, la licitación recae obviamente en FCC. La fiscalía le atribuye una "baja temeraria" del 30 por ciento.

Sin embargo, y una vez amarrado el proyecto, "la empresa FCC ha explicado, con respecto al bajo precio, que ellos se habían equivocado las cantidades en la posición acero (kilos en lugar de toneladas) con lo cual indican un nuevo precio de la oferta". Por supuesto, la cifra corregida le haría perder la licitación, lo cual no ocurrió. Sin embargo, el insulto al sentido común radica en el "kilos en lugar de toneladas".

¿Los ingenieros de una de las mayores constructoras del planeta, con intereses en Miami y demás plazas de residencia de Matas, confunden "kilos" con "toneladas", y no advierten el error ni cuando la cifra total se desvía un treinta por ciento de lo previsto? El disparate equivale a confundir palabras con folios. Es decir, se trata de una equivocación que no cometería ni un periodista, cuanto menos los técnicos más preparados del planeta. Quien se crea que FCC confunde kilos con toneladas, no sólo absolverá a Matas de todas sus culpas, sino que está en disposición de asumir el sobrecoste de 60 millones de euros –no sesenta mil, señores ingenieros– en el Palma Arena, y admitirá incluso la "temporalidad" de la expulsión de Matas del PP.