El fiscal Pedro Horrach manifestó ayer durante la vistilla en la que reclamó una fianza de tres millones de euros para el ex president del Govern que no había solicitado el ingreso en prisión por la intervención del abogado defensor Manuel Ollé, por haber evitado que se presentaran pruebas falsas en la declaración judicial de esta semana.
A través de las conversaciones que se han grabado se había averiguado que el ex president del Govern, con la ayuda de sus familiares, estaría presuntamente preparando una estrategia para justificar ante el juez Castro que sus ingresos encajaban con sus gastos. Matas habla por teléfono de la posibilidad de redactar documentos falsos. Y en concreto se refiere a un contrato de alquiler sobre el local de la calle Sant Miquel para justificar que una parte de la renta la recibe en dinero que no se declara al fisco. Parece ser que el abogado Manuel Ollé, que es especialista en derecho penal en asuntos de derechos humanos, al enterarse de estas tácticas, impidió que se realizaran estas falsificaciones, ya que, además de los graves cargos que afrontaba su cliente, se podría añadir otro de falsificación de un documento que conlleva duras penas de prisión.
El fiscal alabó ayer la seriedad y la actitud del letrado Ollé y afirmó ante su cliente que, gracias a él y a su actitud, la medida cautelar que reclamaba se limitaba a solicitar una fianza, ya que se planteó la posibilidad de reclamar la prisión preventiva. Los mismos elogios manifestó también la abogada de la comunidad autónoma, María Ángeles Berrocal, que ejerce la acusación particular contra el ex president del Govern, y que se sumó a la petición planteada por la fiscalía. La abogada también se refirió a la actitud y a la seriedad del letrado Ollé, quien comparte la defensa con Rafael Perera.
El abogado de Matas se opuso, lógicamente, a la petición planteada por las acusaciones, al entender que la fianza que se reclamaba era exagerada y no tenía sentido alguno. Ollé manifestó que a estas alturas de la instrucción del caso no existen posibilidades de manipular pruebas ni de intentar influir en los testigos, ya que la mayoría de ellos ya han declarado ante el juez.
Contrato
Antes de que el ex president del Govern se presentara el pasado martes en el juzgado, el magistrado José Castro ya conocía las maniobras que pretendía realizar el antiguo ministro del gobierno de Aznar. El juez ordenó el pasado mes de octubre la intervención de los teléfonos de Jaume Matas, su mujer Maite Areal y de su cuñado Fernando Areal, al sospechar que los tres estaban urdiendo un plan para influir en testigos que iban a ser llamados a declarar.
A través de estas conversaciones intervenidas, que habían permanecido secretas hasta el martes, los investigadores descubrieron que Matas se estaba planteando falsificar un contrato de alquiler de un local de su propiedad para justificar que estaba cobrando una parte en negro y que este dinero lo había dedicado a realizar pagos en metálico de la reforma del palacete. Este plan se lo plantea el ex president a su cuñado por teléfono, pero finalmente se rechaza. De las conversaciones se deduce que uno de sus abogados está al corriente de esta maniobra y parece que está conforme en la manipulación del documento. Por este motivo, la fiscalía se planteó la posibilidad de denunciar al abogado, aunque finalmente se descartó.
No se falsificó el documento, pero la familia Matas buscó otro sistema para demostrar que estaba cobrando una parte del alquiler con dinero opaco. Hace algunas semanas, Maite Areal se presentó en el comercio de la calle Sant Miquel acompañada de una mujer. Se trataba de una detective que tenía la misión de grabar una conversación entre Maite Areal y su inquilino, para que éste reconociera que una parte del alquiler lo entregaba en metálico y no lo declaraba. El inquilino no sospechó que se trataba de una detective, pero se dio cuenta de la maniobra y no cayó en la trampa.
