Hasta el momento, los políticos y cargos públicos imputados en casos de corrupción han depositado fianzas para eludir el ingreso en prisión por valor de 2.545.000 euros.

Estos avales bancarios, dinero en metálico o escrituras de bienes que garanticen el pago de la cantidad impuesta por el juez para eludir el ingreso en prisión se depositan en una única entidad, Banesto, que es el banco adjudicatario de este trámite judicial para toda España, según reveló el abogado penalista Laureano Arquero.

"Este dinero o aval queda depositado en la pieza de situación procesal de la persona imputada y garantiza su presencia en el juicio cuando éste se celebre. En caso de no comparecer en la vista oral, el imputado pierde automáticamente la totalidad de la fianza presentada, que pasa a ser propiedad del Tesoro Público", señaló el penalista.

Arquero recordó que esta fianza es únicamente para sortear el ingreso en prisión y que existe otra, la pecuniaria, que debe garantizar el pago de las responsabilidades económicas generadas por el presunto hecho delictivo.

El abogado explicó que si la persona es finalmente condenada con sentencia firme, es la fianza de responsabilidad económica la que cubre las cantidades defraudadas o los perjuicios ocasionados y que se recurriría a la fianza personal si la primera cantidad no cubriera la totalidad de la responsabilidad civil.

Sobre el hecho de que sea Banesto la única entidad bancaria del país donde se puede depositar estas cantidades o avales, Arquero señaló que se trata de un convenio suscrito entre este banco y el ministerio de Justicia.

¿Y los intereses que generan estas cantidades? Arquero contestó que revierten en el ministerio de Justicia. "E imagínate la cantidad de dinero que generan los intereses de las fianzas impuestas en todos los juzgados y audiencias del país. Darían para comprar un parell de locales", ironizó el penalista.

Con respecto a las fianzas depositadas por políticos y altos cargos mallorquines para eludir el ingreso en prisión, se podrían elaborar una precisa clasificación. Así, en primer lugar se situaría la depositada por la ex presidenta del Parlament, Maria Antònia Munar, que ha satisfecho 350.000 euros para no ingresar en prisión por su implicación en el caso Maquillaje.

En segundo lugar estaría su delfín Bartomeu Vicens, que ha abonado 300.000 euros, dos finazas de cien mil por el caso Son Oms, y otra por la misma cantidad por el caso Can Domenge.

El administrador de Studio Media Comunicació SL, Alfredo Conde, que presuntamente recibió del Consell de Mallorca un total de 3.257.565 euros entre los años 2001 y 2006, ha tenido que avalar doscientos mil euros para no dar con sus huesos en la cárcel por el caso Maquillaje. Al parecer realizó en 2004 operaciones por valor de 120.000 euros con Vídeo U, la principal sociedad audiovisual investigada en el proceso.

Jaume Massot, ex director general de Ordenación del Territorio en la legislatura de Jaume Matas y cerebro gris de la trama de corrupción urbanística en Andratx, también tuvo que avalar doscientos mil euros para eludir inicialmente una prisión en la que se encuentra en la actualidad con condena firme.

Damià Vidal, gerente de Bitel que confesó haber malversado fondos públicos y cobrado sustanciosas, e ilegales, comisiones, tuvo que satisfacer también doscientos mil euros para evitar la cárcel.

Joaquín Rabasco, por el caso Llucmajor, abonó 120.000 euros; el ex alcalde de Andratx Eugenio Hidalgo, también encarcelado con condena firme, 100.000 euros; y Kurt Viaene, director general de Promoción Industrial de la conselleria de Comercio en la época Matas, y Antònia Ordinas, gerente del Consorcio para el Desarrollo de las Illes Balears, otros cien mil euros cada uno por la denominada Operación Scala.

Cien mil euros también fue la cantidad impuesta por el juez a cada uno de los uemitas Francesc Buils, Miquel Nadal, Miquel Àngel Flaquer, Antoni Oliver y Joan Sastre, imputados todos ellos en la Operación Voltor por presuntas irregularidades en el Instituto de Estrategia Turística (Inestur). Con el contable de este organismo, Alvaro Llompart, el juez fue un poco menos exigente: le reclamó 75.000 euros para evitar su ingreso penitenciario.

Óscar Collado, ex gerente de la Funeraria de Palma que presuntamente viajaba a costa de ella, tuvo que pagar cien mil euros; Miquel Àngel Bonet, por presuntas irregularidades durante la pasada legislatura en el Ibatur, tuvo que pagar 85.000 euros.

Por último, por el caso Palma Arena hasta el momento se han abonado 115.000 euros para que tres personas no ingresaran en prisión: cincuenta mil euros para el ex director general de Deportes, José Luis Pepote Ballester, sobre el que Matas acaba de descargar toda la responsabilidad de las decisiones del velódromo, y Jorge Moisés, ex gerente de la instalación deportiva. Rafael Durán, ex portavoz del PP en Cort, evitó las rejas tras abonar quince mil euros.