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Convulsión política. La justicia ve graves irregularidades en los pagos del Gobierno de Matas

El juez advierte a Alemany de que los hechos imputados pueden suponer 15 años de cárcel

El magistrado José Castro rechaza el recurso del periodista contra la fianza de 250.000 euros

 
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El juez cree que la fianza de 250.000 euros impuesta a Alemany (izda.) es una medida leve.
El juez cree que la fianza de 250.000 euros impuesta a Alemany (izda.) es una medida leve.  Foto: Lorenzo
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REDACCIÓN. PALMA. El juez Castro ha desestimado totalmente el recurso formulado por el periodista Antonio Alemany ante la imposición de una fianza de 250.000 euros y la retirada del pasaporte, porque el magistrado considera que no se ha incurrido en ningún error en cuanto a los delitos que se imputan al periodista – malversación, falsedad en documento mercantil y falsedad por funcionario– ni en las medidas cautelares, que estima "livianas" y "benévolas" ante "hechos graves que pueden suponer 15 años de prisión".
El juez responde a Alemany que "manifestar que un particular no puede cometer un delito propio de funcionario supone una afirmación inusitada y en mayor medida si proviene de un jurista", porque implica "desconocer la totalidad de la jurisprudencia penal española". Castro subraya que "el recurrente no ha leído ni tan siquiera los textos legales", y concluye que "carece por completo de contenido y de base argumentativa la primera alegación", y que no es preciso profundizar en "este tema cuando el recurrente no es capaz de conocer los rudimentos del sistema penal español", donde se especifica que "en los delitos de prevaricación la participación del extraño – en este caso quien no es funcionario – no puede entenderse impune".
El magistrado cree que la documentación de que dispone "no ofrece duda alguna sobre la falsedad, el fraude y el mecanismo de engaño para ocultar el desvío de fondos públicos y el cobro de comisiones indebidas". También destaca "las graves y arbitrarias irregularidades administrativas para camuflar unos pagos ilegales", y que Alemany "es incapaz de explicar de manera congruente un montaje tan irreal como ilegal".
José Castro recuerda a Alemany que el delito de malversación puede implicar 6 años de prisión, el de falsedad por funcionario, también 6, y el de falsedad en documento mercantil continuada alcanza los 3 años. En total, los mencionados 15 años.
En cuanto a los fundamentos jurídicos de su resolución, el juez recuerda que en el registro de la agencia de publicidad Nimbus, se localizaron documentos donde queda reflejado que la Conselleria de Relaciones Institucionales del Govern de Jaume Matas pagaba mensualmente 4.591,64 euros, iva incluido, a Nimbus, "sin la contraprestación de servicio alguno y con la exclusiva finalidad de un favor personal que hace Miguel Romero al Govern para poder pagar a Gabriel Alemany". Investigaciones posteriores constataron que Gabriel Alemany es en realidad Antonio de Padua Alemany Dezcallar.
Los pagos de 4.591 euros mensuales se realizaron durante tres años y seis meses por lo que estaríamos hablando de unos 192.000 euros, que Alemany habría recibido por redactar discursos de Matas y asesoramientos diversos. El juez recuerda además que la Agencia Balear de Noticias, directamente vinculada a Alemany, recibió del Govern en 2006 casi 500.000 euros, "y a punto estuvo de que el destino le prodigara" –dice Castro– , otras dos subvenciones más en 2007.
Para ejecutar estos pagos, el entonces director general de Comunicación, Joan Martorell, "inicia la simulación de un expediente" que " prescinde los más elementales principios de la contratación administrativa".
El juez destaca que "brilla por su ausencia" la acreditación de que Alemany elaborase los discursos y conferencias por los que cobraba, "ya que ninguno de ellos aparece registrados en los archivos del Govern cuando, si han sido financiados con sus fondos, allí debieran figurar.
Como Alemany asegura que Matas le encargó directamente esos trabajos, el juez considera que esas contrataciones, al no existir expediente administrativo alguno, "debieron serlo en el seno de la más absoluta ilegalidad" porque el exclusivo acuerdo verbal "no es instrumento jurídico válido para llevar a cabo un gasto con cargo a los fondos públicos".
Al magistrado le resulta sorprendente que Alemany ejerciera "una función de asesoramiento personal e inmediato que, de ser cierta, al menos avispado da a entender que el Sr. Presidente no se pronunciaba públicamente sin que el Sr. Alemany le escribiera previamente lo que tenía que decir". Según Castro, el panorama que describe Alemany es "más propio de un presidente en la sombra y le hace flaco favor a su valedor".

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