El juez Castro resalta en su auto que "absolutamente nadie le discute" a Alemany "su derecho a contratar por vías ortodoxas con la Administración, en paridad de condiciones que cualquier otro, y a cobrar lo legalmente estipulado por el trabajo realizado, no siendo esta la cuestión que se discute". El magistrado precisa que "no estaríamos en esta tesitura" si Alemany "hubiera sido abiertamente contratado en la modalidad adecuada, para un cometido concreto y acreditado estuviera documentalmente en el expediente su realización, pero no fue así". Con esta argumentación el juez parece responder a uno de los argumentos reiterados por Alemany en el sentido de que es un profesional libre y puede trabajar para quien desee. Castro le recuerda que se trata de dinero público y que ha pasado "a engrosar el patrimonio" de Alemany por medio de "graves irregularidades administrativas para camuflar unos pagos ilegales".