Los sobornos se pagaron como gastos electorales

F.ARMENDÁRIZ/M.FERRER. PALMA. Maria Antònia Munar, presuntamente, subvencionó desde el Consell de Mallorca a empresas privadas –en cuya propiedad participaba ella misma, entre otras personas– a cambio de que éstas contrataran personal para la campaña electoral de Unió Mallorquina del año 2007, y sacar provecho propio. Dicho de otro modo, Munar habría cobrado sobornos en forma de especies.
En concreto, el juez Juan Ignacio Lope Sola acusa a la ex presidenta del Parlamento de haber intervenido "en actos administrativos en relación a subvenciones a Àmbit Digital por un importe total de 480.000 euros, cuyos administradores guardan relación con Video U y Bahía Difusión". Se trata de Miguel Oliver, Luisa Almiñana y Ramón Rullán, quienes han reconocido ante el mismo magistrado que recibieron ayudas públicas a cambio de trabajar electoralmente para UM, y destinar personal de su plantilla para ello. Los investigadores de la operación Maquillaje aseguran que Munar poseía acciones en estas sociedades, a través de un testaferro (su pariente Víctor García), lo mismo que su mano derecha Miquel Nadal, que ha terminado confesándolo.

Contratados sin ir a trabajar

"En contrapartida –señala el auto del juez–, a los administradores de Àmbit Digital les fue exigida la contratación de, al menos, 14 personas, colaboradores en la campaña electoral de UM de 2007, personas que no desempeñaron ninguna función en la entidad Àmbit Digital, como reconocen los propios administradores referidos". Y todo ello, añade el magistrado, "con conocimiento, así al menos se estima indiciariamente, de Maria Antònia Munar, que era presidenta del partido y también se presentaba en dichas elecciones para el Parlamento y participó, tal como se ha referido, en los actos administrativos en subvenciones concedidas a Àmbit Digital, cuyos administradores, tal como se ha relatado, guardan relación con Video U".
Una de las subvenciones autorizadas por Munar ha llamado especialmente la atención del juez. En concreto, "la referida al programa Zona Esportiva del año 2004, por importe de 180.000 euros", puesto que "en la propuesta firmada por Maria Antònia Munar constan signos de interrogación en el informe de fiscalización previa, siendo dicho informe de dos días después de la fecha de la propuesta", señala el magistrado.
Por todo ello, el juez imputa a Munar un delito de cohecho (soborno), al considerar que la ex presidenta de UM amparó la contratación de personas para que teóricamente trabajaran en Àmbit Digital, pero en la práctica "no realizaron ninguna función" y actuaron "en beneficio de un tercero, Unió Mallorquina, existiendo indicios de la participación en tales delitos de Munar".
El instructor también acusa a la ex presidenta de UM de un presunto delito electoral, por ocultar al Tribunal de Cuentas gastos de campaña pagados por proveedores del Consell. En el caso Voltor también se investigan contrataciones fraudulentas de numerosos liberados de UM por contratistas del Consell de Mallorca o del Govern balear.