El ministro de Justicia elude comprometer más fiscales Anticorrupción para Balears

MATEU FERRER. PALMA. Buenas palabras pero ningún compromiso concreto de más medios para la Fiscalía Anticorrupción. El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, despachó ayer con generalidades las insistentes preguntas de los periodistas de por qué no se destinan más fiscales para luchar contra la corrupción política en Balears, a la vista de lo saturados que están los tres actuales. Caamaño se limitó a destacar que ha sido este Gobierno socialista el que "ha creado y potenciado la Fiscalía Anticorrupción, porque está decidido a combatir" esta lacra. Calificó de "coyuntural" el alud de casos que están aflorando en Balears, explicó que "se está atento a la necesidades reales", y que si éstas aumentan, el Ministerio lo "analizará", como ha hecho hasta ahora, en aras a satisfacer las demandas.
Preguntado sobre si en su reunión ayer con el fiscal jefe de Balears, Bartomeu Barceló, éste no le había reclamado reforzar Anticorrupción, el ministro eludió responder con concreción, limitándose a señalar que Barceló le había expuesto su "preocupación" por varias cuestiones, se mostró abierto a "evaluar" la posibilidad de incrementar los medios judiciales de las islas, si bien en todo caso emplazó a canalizar esta demanda reglamentariamente a través de la Fiscalía general del Estado.
El ministro recordó que se está negociando la reforma del Código Penal, que prevé endurecer las penas para los delitos de corrupción. En este sentido, con el nuevo Código "va a ser muy difícil evitar la prisión" para los corruptos, puesto que se contempla pena de prisión para todos los responsables públicos involucrados en causas de corrupción, siempre y cuando se acredite en un proceso judicial. "La ley debe ser especialmente severa" con los corruptos, puesto que "se benefician del dinero de todos", señaló Caamaño.
La reforma también permitirá, afirmó, recuperar el dinero malversado con mayor facilidad: "Aunque estas personas hayan cumplido la pena, nunca podrán ser titulares de bienes de ninguna naturaleza hasta que no abonen el dinero que hayan sustraído, de forma que su patrimonio pasará inmediatamente a manos de la Justicia", sostuvo el ministro quien, por otra parte, instó a los ciudadanos para que a la hora de votar "sancionen" estas conductas "allí donde se produzcan".