El juez acusa a Munar de desviar 5 millones de euros de fondos públicos

FELIPE ARMENDÁRIZ. PALMA. El auto judicial donde se estableció la prisión eludible mediante fianza de Maria Antònia Munar acusa a la ex presidenta de Unió Mallorquina (UM) de participar en el desvío de unos 5 millones de euros de fondos públicos del Consell de Mallorca entre 2000 y 2007. Munar, que ayer comunicó al juzgado su intención de cubrir la fianza con un aval bancario, está imputada por siete delitos y podría enfrentarse a una elevada pena de prisión.
El bufete de Gabriel Garcías, que representa a Maria Antònia Munar, hizo ayer las gestiones oportunas para conseguir una fianza bancaria de 350.000 euros, la cantidad establecida el miércoles por el juez Juan Ignacio Lope Sola en su auto de medidas cautelares. El instructor también conminó a la ex presidenta del Parlament a depositar, en apenas 24 horas, otra fianza de 2,5 millones de euros de cara a cubrir posibles penas económicas del caso Maquillaje.
Munar no hizo ayer ningún movimiento en relación a esta segunda fianza, pese a la brevedad del plazo estipulado por el juez. Lo habitual en este tipo de situaciones es que el juzgado abra la pieza de responsabilidad pecuniaria y emplace al imputado a aportar bienes con los que cubrir la fianza. Si el acusado desatiende el requerimiento, el juzgado inicia las oportunas pesquisas para localizar y embargar esos bienes.
La resolución del magistrado explica que la presunta trama de corrupción se dedicó a desviar "elevadas sumas procedentes del Consell y de la Radiotelevisión pública de Mallorca mediante procedimientos administrativos irregulares". El juez añade a continuación que esa presunta malversación se consumó gracias "a una connivencia con las personas que otorgaron los contratos y subvenciones". El auto, lógicamente, menciona a Munar como uno de esos políticos compinchados con los beneficiados de las ayudas y pagos públicos, pero también cita a Miquel Nadal.
Munar fue en esa época presidenta del Consell y Nadal fue conseller y vicepresidente de la misma institución, así como vocal de la Radiotelevisión insular.

Más de 3 millones a Conde

El juez desgrana con minuciosidad la relación de Munar, como presidenta del Consell, con el proceso para montar y explotar la radio pública insular Ona Mallorca. El auto apunta a que Alfredo Conde y Elisabet Diéguez, imputados en el sumario y presuntos testaferros de Bartomeu Vicens, dirigente de UM y conseller del Consell en esos años, crearon a propósito la productora Studio Media Comunicació para hacerse con aquel contrato.
"Alfredo Conde, de manera indiciaria, conocía, antes de que se produjera la publicación, el concurso para contratar Ona Mallorca", dice Lope Sola. "De hecho, se constituye Studio Media Comunicació con Alfredo Conde como socio mayoritario única y exclusivamente para contratar con la Administración con base en la información de que disponía Conde". El auto cuantifica en "más de 3 millones de euros" los contratos irregulares otorgados a Conde por el Consell de Mallorca en diferentes fechas. Esa relación contractual, apostilla el juez, "no debió de tener lugar ya desde el principio", dadas las carencias del licitador.
En la parte de la resolución relativa a Studio Media, Lope Sola menciona a Miquel Nadal, defendido por Josep Zaforteza, y le acusa de desoír a dos técnicos del Consell –Jeroni Mas y Brígida Llinàs– que le advirtieron de importantes lagunas en el expediente de Conde.
Munar, pese a las irregularidades e incumplimientos de Studio Media, firmó los sucesivos contratos ordenando el pago de los fondos. Aquí el auto vuelve a mencionar la connivencia de los políticos con los proveedores.
El magistrado también analiza con precisión las ayudas, contratos y subvenciones del grupo de empresas Video U, que recibieron en esos años casi dos millones de euros públicos de forma supuestamente irregular.
El magistrado involucra a la ex presidenta del Consell en ese rosario de subvenciones o contratos anómalos para programas de radio o televisión. Lope Sola indica que Munar ha reconocido su firma en los acuerdos ordenando los pagos al grupo audiovisual gestionado por otros tres imputados, Miquel Oliver, Ramón Rullán y Luisa Almiñana, que han aceptado colaborar con los investigadores a cambio de no ir a prisión.
Uno de los presuntos desvíos de caudales públicos que el auto atribuye a Munar ascendió a 280.000 euros que se pagaron a cambio del archivo histórico de la red de televisiones locales previa a la televisión insular. "La actividad subvencionada, indiciariamente, no se ha realizado y se ha presentado documentación falsa para obtener la subvención". Munar aquí también intervino.