Farrús confiesa que contrató a afines a UM para que trabajaran para el partido

J.F.M./F.A. PALMA. El empresario de comunicación Jacinto Farrús reconoció el pasado miércoles ante la juez Carmen Abrines que había contratado a varios afiliados de Unió Mallorquina, que no trabajaron nunca para sus empresas, sino que lo hicieron para el partido durante la campaña electoral. Por estas contrataciones, la fiscalía le imputa al empresario un delito electoral.
Jacinto Farrús, que tiene concedidos los servicios informativos de IB3, señaló en su declaración que había contratado entre tres y cuatro trabajadores de UM, entre otras cosas, por su afinidad política con este partido, según confirmaron fuentes jurídicas.
La fiscalía acusa a Farrús de haber participado en la manipulación del expediente de un concurso por el que una de sus empresas recibió una ayuda económica de casi 90.000 euros. Además, también se le investiga por haber intentado lo mismo con otros concursos, pero dichos expedientes fueron finalmente anulados y, por tanto, el empresario no recibió ningún dinero a cambio. Los investigadores creen que el empresario utilizó la influencia política que tenía con los dirigentes de Inestur, la empresa pública que depende de la Conselleria de Turismo (que controlaba UM) para tener un trato preferente frente a otros. Esta posición le suponía importantes ingresos procedentes de concursos públicos.
Farrús, que fue defendido por el abogado Llorenç Salvá, ha negado las irregularidades, pero ha reconocido que el éxito de sus empresas se basa en la buena relación que mantiene con los partidos políticos. De hecho, explicó que su principal cliente es la administración.
Las explicaciones de Farrús poco convencieron al fiscal y a la jueza Abrines, que decretó su libertad bajo fianza de 100.000 euros. Inicialmente le imputan al empresario los delitos de fraude a la administración, malversación de caudales públicos, delito electoral y cohecho.
Quienes también reconocieron que habían contratado a personas afines a UM, pero que continuaban trabajando para el partido, fueron los dos propietarios de la empresa Minser, que también estuvieron detenidos acusados de sobornar a políticos y altos cargos del partido a cambio de recibir un concurso público. Juan Carlos Escuer y Gabriel Rivas, defendidos ambos por el abogado Eduardo Valdivia, reconocieron que al menos llegaron a contratar a 20 personas afines a UM, que aparecen en nómina en la empresa informática, pero que nunca acudieron a trabajar a la oficina. A los dos empresarios, que también salieron libres con fianza de 100.000 euros, se les acusa de haber sobornado a altos cargos de UM a cambio de un contrato para desarrollar un programa informática que iba a ser controlado por la empresa pública Inestur. Según sospechan los investigadores, la contratación de este personal afín a Unió Mallorquina no se habría producido tanto por simpatía política, sino por interés económico para que la empresa que gestionaba obtuviera altos porcentajes de beneficios. Los dos informáticos niegan que hubieran entregado un pago en metálico a Francesc Buils, ex conseller de Turismo, a cambio de que firmara el contrato para desarrollar el programa por el que cobraron más de un millón de euros.
Fuentes jurídicas señalaron que no se descarta que en breve la Policía cite a declarar a todos los simpatizantes contratados en estas circunstancias.