FELIPE ARMENDÁRIZ/J.F.MESTRE. PALMA.
Maria Antònia Munar podría hacer efectivo el pago de la fianza de 350.000 que le impuso el juez anoche para eludir la prisión, ya que la ex presidenta del Parlament estaría en estos momentos ultimando los trámites para un aval bancario que le permitiera pagar dicha fianza. Aunque todavía no se sabe cuando hará efectivo el pago.
El juez del caso Maquillaje impuso anoche a la ex presidenta de UM y del Parlament Maria Antònia Munar una fianza de 350.000 euros para poder eludir su ingreso en prisión, acusada de un rosario de delitos de prevaricación, malversación de caudales, falsedades, negociaciones prohibidas a los funcionarios y electorales y cohechos. Munar negó todas las acusaciones de la fiscalía anticorrupción y cuatro co-imputados y se declaró víctima de una conspiración urdida por los gestores de la productora Video U, Miquel Oliver, Ramón Rullán y Luisa Almiñana, y Miquel Nadal, su antiguo delfín en UM y ex vicepresidente del Consell.
Munar, asistida por Gabriel Garcías, realizó ayer una clara y pulida declaración autoexculpatoria. Pero su brillante discurso, apoyado en notas manuscritas, no convenció al fiscal anticorrupción, que solicitó al juez la prisión eludible con una fianza de 450.000 euros. Carrau reclamó también la apertura de una pieza para las posibles penas económicas de Munar. El juez exigió en su auto a la imputada que deposite en 24 horas 2,5 millones de euros para cubrir esas hipotéticas condenas.
Munar, que durante su comparecencia aguantó el tipo, rompió a llorar al conocer las peticiones del fiscal. El juez aplazó a las 9 de la noche la notificación de su auto con la fianza, los cargos contra la líder de UM y el plazo para poder depositar dicha garantía: las 2 de la tarde de mañana. La dimitida diputada de UM tendrá también que depositar su pasaporte en el juzgado.
"Todos mienten"
La declarante empezó su declaración con el asunto de Video U, un grupo audiovisual que recibió en la pasada legislatura varios millones del Consell de Mallorca, institución que ella presidía. Los tres gestores antes mencionados sostienen que Munar compró, a través de su pariente Víctor García, un 25 por ciento de la empresa, mientras que Nadal usó a su primo Miquel Sard para adquirir otro paquete del 25 por ciento.
Nadal apoya esa versión y añade que los 300.000 euros para comprar las acciones eran de UM y se los dio Munar en mano a bordo de su coche oficial.
"No tengo ninguna participación directa, indirecta, ni circunstancial con Video U. Es absolutamente falso lo que dice Nadal de que yo participe allí", rechazó con aplomo la imputada. Munar también acusó a los gestores de la productora de mentir para tratar de arreglar sus problemas con la Justicia y recordó que los abogados Emilio Genè y Joan Font, socios minoritarios, no la vincularon con la empresa investigada.
Munar tampoco rehuyó en su visita a los juzgados el responder a preguntas sobre varios expedientes de contratación y subvenciones otorgadas por el Consell de Mallorca entre 2000 y 2007 y que habrían dado pie a desvíos millonarios de fondos públicos.
La que fuera presidenta del Consell de Mallorca a lo largo de varias legislaturas descargó en los funcionarios, técnicos y altos cargos de esa institución la tarea de supervisar y fiscalizar la legalidad de todos aquellos expedientes, entre los que destaca la concesión de la radio pública insular Ona Mallorca a Alfredo Conde, empresario encausado y presunto testaferro de Vicens.
"Todas las firmas que se me exhiben son mías, siempre van acompañadas de la firma del secretario; yo firmaba a ciegas porque sabía seguro que los expedientes habían pasado todos los filtros y estaban correctos", aseveró la declarante.
Munar también se desmarcó del presunto entramado de uso de fondos del Consell y del Govern para campañas electorales de UM, a través de empresas proveedoras. Estas sociedades habrían contratado a liberados de UM, que nunca trabajaron para ellos y se dedicaron a temas del partido o trabajaron en el Consell
"Nadie me comentó que se estuviera pagando a gente de UM en esas empresas (proveedoras). Nunca supe tampoco que hubiera gente (de UM) en el Consell pagada por empresas privadas. En mi planta no había", desmintió la encausada al juez Lope Sola.