J.F.M./F.A. PALMA.
Los dos propietarios de la empresa informática Minser, Gabriel Rivas y Juan Carlos Escuer, que fueron detenidos el pasado lunes en las oficinas de la calle Manacor, reiteraron ayer ante la jueza que no es cierto, como sostiene uno de los arrepentidos, que en algún momento han pagado sobornos a políticos a cambio de favores.
Defendidos por el abogado Eduardo Valdivia, los dos empresarios sostuvieron ayer ante la jueza, y a preguntas del fiscal, la misma versión que mantuvieron el pasado martes cuando fueron interrogados por los agentes de la Policía que están investigando este presunto caso de corrupción.
Los dos imputados sostienen que su empresa tiene en exclusiva en España el programa de reconocimiento de voz que contrató el Consorcio Informático del Govern y que el desarrollo de este servicio les obliga a contratar a una amplia plantilla de trabajadores, según explicaron fuentes jurídicas.
Los investigadores sostienen que los dos empresarios sobornaron a los políticos y a los altos cargos de Unió Mallorquina, primero con un viaje a Estados Unidos y después con dinero en metálico, para que a cambio les otorgaran un concurso público por más de un millón de euros. Esta acusación la rechazaron de plano y ayer sostuvieron ante la jueza que no habían pagado.
Una de las principales pruebas que se presenta contra los dos empresarios es la declaración autoinculpatoria de Eugenio Losada, actual gerente del Consorcio de Informática del Consell, cuya sede fue registrada el pasado mes de febrero al explotar el escándalo del caso Voltor. El alto cargo de Unió Mallorquina mantiene que cobró un soborno de 60.000 euros, pero que la mitad la tuvo que entregar a Francesc Buils, que en ese momento era su jefe directo. Para justificar este pago, los empresarios pagaron una factura a nombre de la mujer de Losada, documento que está en estos momentos en poder de la jueza Abrines. Se da la circunstancia que esta factura fue declarada como gasto en la contabilidad de Minser y estas cuentas fueron después presentadas ante la administración tributaria.
A pesar de esta factura, según fuentes jurídicas, los dos empresarios informáticos negaron el pago, no sólo a Losada a través de su mujer, sino tampoco al ex conseller de Turismo, Francesc Buils.
Anoche quedaron ambos detenidos en libertad, pero la jueza Abrines, que les imputa cuatro graves delitos, les ha dado un plazo hasta mañana viernes para que puedan abonar las fianzas de cien mil euros, ya que de lo contrario tendrían que ingresar en prisión. Inicialmente se les acusa de los delitos de fraude a la administración, malversación de caudales públicos, cohecho y delito electoral. Los dos empresarios manifestaron la dificultad que tendrán para abonar estas fianzas ya que están atravesando un mal momento económico. Se da la circunstancia que uno de los dos detenidos tuvo que ser trasladado el pasado martes al hospital de Son Dureta con síntomas de un ataque de ansiedad. Tras ser atendido fue de nuevo trasladado a los calabozos, donde pasó durmiendo dos noches.