EFE. PALMA
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha asegurado hoy que el Gobierno perseguirá los bienes de los políticos que se hayan enriquecido ilícitamente "allí donde estén" y, "aunque hayan cumplido su pena", se les embargarán los bienes y el patrimonio hasta que devuelvan todo lo que se hayan apropiado.
Caamaño ha subrayado que mientras los políticos corruptos "no abonen toda la responsabilidad que se fije en sentencia, nunca podrán ser titulares de bienes de ninguna naturaleza" porque serán devueltos a las arcas del Estado, según ha dicho en una rueda de prensa ofrecida en Palma, donde se ha reunido con el presidente del Govern, Francesc Antich, y con la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB).
El ministro ha manifestado que la corrupción política "mina los cimientos de toda sociedad democrática" y que la ley debe ser especialmente severa en estos casos, razón por la que la reforma del Código Penal "endurece los delitos de corrupción exigiendo que en todos los casos exista la privación de libertad".
El titular de Justicia considera que más allá de las condenas judiciales, "la sociedad democrática y los ciudadanos deben también, desde el lado de la política y los votos, observar y sancionar estas conductas desde donde se produzcan".
Preguntado sobre la conveniencia de la celebración de elecciones anticipadas en Baleares, dada la proliferación de casos de corrupción, Caamaño ha manifestado que considera "un gesto de responsabilidad" mantener la gestión realizando un ejercicio de transparencia, "siempre que se cuente con los legítimos apoyos para hacerlo".
Sobre un eventual refuerzo de la fiscalía anticorrupción en Baleares por la proliferación de causas, Caamaño ha recordado que "ha sido el Gobierno socialista el que ha creado y potenciado la Fiscalía Anticorrupción" y ha señalado que "cuando han hecho falta refuerzos se han suministrado" y así se seguirá haciendo.
Caamaño ha admitido que Baleares está "un poco por debajo de la media de jueces por 100.000 habitantes", pero ha asegurado que se corregirá dicha carencia con el plan de modernización de la Administración de Justicia que está en marcha. "Vamos a corregir ese desfase", se ha comprometido.
"En seis años habremos creado más unidades judiciales que en ocho años el PP y seguiremos en ese ritmo de crecimiento", se ha comprometido.
Ha subrayado también la creación de la figura del "juez de adscripción territorial", que atenderá a las necesidades de refuerzo, sin tener que seguir los prolongados trámites de solicitud actuales.
Caamaño ha recordado que Palma está muy implicada en la reforma y modernización de la Administración de Justicia, ya que ha sido elegida entre las primeras ciudades en las que entrará en funcionamiento la nueva oficina judicial, lo que supondrá "una importante inversión en infraestructuras informáticas y telemáticas y de reforma de dependencias judiciales".
Ha recordado que la nueva oficina judicial supondrá "cambiar la percepción que los ciudadanos tienen hoy de los juzgados", con "servicios comunes de ejecución y unidades de gestión más amplias con reingeniería de la judicial" que permitirán que los jueces dediquen su tiempo "a juzgar y a ejecutar lo juzgado".
El ministro ha recapitulado las principales inversiones previstas en Baleares como los 5,1 millones para los nuevos juzgados de Mahón, 1,5 millones que se destinarán a un nuevo edificio judicial en Ciudadela y 13 millones para los juzgados de Ibiza, cuya construcción solo está pendiente de una permuta de terrenos.