EUROPA PRESS. PALMA
La presidenta del Consell de Mallorca, Francina Armengol, anunció hoy que la Institución ha alcanzado un acuerdo con las constructoras Sacresa y Ferrà Tur para la recuperación de los solares de Can Domenge, que fueron enajenados en 2006 a favor de estas empresas a través de un concurso que en la actualidad se encuentra bajo investigación por presuntas irregularidades en la adjudicación de los solares.
En rueda de prensa para dar a conocer este acuerdo, Armengol explicó que de este modo estos terrenos volverán a ser públicos, para lo cual el Consell devolverá los treinta millones de la compra en un plazo de tres meses, a lo que se sumarían 5,8 millones de euros en concepto de gastos útiles e intereses legales generados en caso de que salgan adelante los contenciosos que se dirimen en los juzgados en relación a esta cuestión.
Cabe recordar que el pleno del Consell rechazó el pasado 4 de marzo por unanimidad las condiciones impuestas por la UTE formada por Sacresa y Ferrà Tur para que la institución insular pudiera recuperar los solares. Entre los requisitos, las empresas reclamaban 36,2 millones por el precio abonado en su día más gastos de hipoteca; la devolución del importe del aval ejecutado recientemente por el Consell por valor de 800.987 euros, y la recuperación por parte de la UTE del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales pagado por la adquisición de las fincas por un total de 2.146.200 euros.
Durante su comparecencia ante los medios, Armengol señaló asimismo que de ahora en adelante el Consell retomará las negociaciones con el Govern para que el Ejecutivo se encargue de la construcción de viviendas de protección oficial en los terrenos palmesanos "y darles así esta utilidad social".
Cabe recordar que las investigaciones en torno a la venta de los solares se iniciaron a raíz de la querella interpuesta por Núñez y Navarro, que no se llevó el concurso pese a ofrecer el doble que lo aportado por Sacresa.
En concreto, la querella iba dirigida contra el anterior equipo de gobierno insular, liderado por Maria Antònia Munar, por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y revelación de secretos oficiales, ya que, "conscientes de las circunstancias, votaron a favor de la adjudicación del expediente de contratación", tal y como sostiene la titular del Juzgado de Instrucción número 12, Mari Carmen González, encargada del caso.
En el caso se encuentran imputados tanto Munar como el ex vicepresidente insular Miquel Nadal, el ex conseller de Territorio del Consell, Bartomeu Vicens, el de Economía y Hacienda, Miquel Àngel Flaquer y los responsables de las mercantiles adjudicatarias, entre otros encausados. De acuerdo a las investigaciones, durante el proceso los inculpados pudieron incurrir en los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude.