Una ex alto cargo del Consell reconoce que se hicieron falsas contrataciones

J.F.MESTRE/F.ARMENDÁRIZ. PALMA Margarita Sotomayor, la antigua directora de comunicación del Consell de Mallorca durante el mandato de Unió Mallorquina, reconoció ayer ante el juez que desde la institución insular se realizaron contrataciones irregulares de personas próximas al partido. Estas personas, según Sotomayor, eran contratadas por empresas proveedoras del Consell Insular, pero realizaban trabajos para el partido y no para el empresario que las había contratado.
Sotomayor, defendida por el abogado Manuel Pomar, había pedido al juez que investiga el denominado caso Maquillaje que la citara a declarar. Antes de que formulara esta petición, varios de los imputados que han confesado que el Consell Insular pagaba subvenciones por programas de televisión que no se hicieron, señalaron que fue Sotomayor quien les indicó que era habitual que empresas que trabajaban para el Consell contrataran a personas próximas al partido político.
La antigua directora de comunicación del Consell quiso desmarcarse de la política de subvenciones y, aunque estaba al corriente del dinero que se pagaba, dijo que las decisiones las tomaba Miquel Nadal y después las tramitaba el secretario técnico, Antoni Moragues, quien después fue nombrado director de la Televisión de Mallorca. En esta misma línea, Sotomayor, que también ocupó un alto cargo en IB3 en representación de Unió Mallorquina, aclaró que como directora del departamento firmaba los trámites de las subvenciones, pero quien después se encargaba de preparar y controlar los expedientes de contratación era Antoni Moragues. Dijo que no sabía que muchos de los programas que se subvencionaron con dinero público jamás se emitieron, pero de nuevo insistió en que este control de la contratación no formaba parte de sus cometidos.
Sobre las contrataciones de personal, Sotomayor sólo reconoció que había intervenido en una de ellas, pero aclaró que lo hizo por orden de Nadal. Se trataba de una mujer que fue contratada en una sociedad del empresario Antoni Oliver, de Video U, pero que trabajaba para el partido. Sotomayor dio también el nombre de otras seis personas que estaban en esta misma situación, es decir, habían sido contratadas por empresas proveedoras del Consell, pero en realidad trabajaban en la institución. Sotomayor afirmó que uno de estos empresarios era del sector audivisual.
Sus explicaciones no convencieron ni al juez ni al fiscal anticorrupción, que reclamó para Sotomayor una fianza de 100.000 euros. El magistrado, finalmente, fijó una fianza de 10.000 euros.