Una auditoría desvela que Buils dio una subvención millonaria con irregularidades

M. FERRER/ M. MANSO. PALMA. El ex conseller de Turismo, Francesc Buils (UM), concedió una millonaria subvención durante su mandato plagada de supuestas irregularidades, tal y como pusieron de manifiesto varios informes jurídicos del Govern y viene a confirmar ahora una auditoría externa contratada por el propio Ejecutivo.
El 5 de agosto de 2008, Buils firmó un convenio con la asociación Bitácora, presidida por Silvia Riera, recientemente elegida para presidir también la Asociación de Agencias de Viajes de Balears (AVIBA). Mediante este acuerdo, la Conselleria se comprometió a abonar a Bitácora 850.000 euros anuales durante cuatro años, lo que arroja una cifra global de 3,4 millones de euros. La transferencia económica se haría a través de un consorcio público llamado IB-Blau, y la finalidad era promocionar el turismo náutico sostenible.
Pronto empezaron a surgir dudas en el propio Govern sobre la legalidad de dicha operación, hasta el punto de que el sustituto de Buils –tras su repentina dimisión por discrepancias internas en UM–, Miquel Nadal, paralizó el convenio y solicitó informes que avalaran la concesión de la subvención.
Finalmente, se encargó una auditoría cuyas conclusiones son demoledoras. Entre ellas, se constata que "los gastos o inversiones que se quieren justificar no van acompañadas de las explicaciones que permitan entender y comprender las acciones realizadas por la asociación Bitácora en el marco del convenio" en cuestión, "ni mucho menos los resultados obtenidos".
Además, se detectaron multitud de facturas por servicios que Bitácora subcontrató a la empresa Mallorca Informática, S.L. (Minser), actualmente investigada por la Fiscalía Anticorrupción en el marco de la operación Voltor. Los fiscales también están investigando el convenio suscrito por Buils.
Aparte de facturas sin justificar debidamente, funcionarios del Govern desvelan en un informe jurídico que Minser cargaba a Bitácora, para que a su vez ésta facturara a la Conselleria, las nóminas de su personal, cuando se supone que los gastos de su plantilla eran ajenos a la prestación del servicio, que teóricamente consistía en atender un call center.
Otro de los datos que ha llamado poderosamente la atención es la cantidad de facturas aportadas por Bitácora a la Conselleria para cobrar, pero con fecha anterior al propio convenio. Éste fue dejado sin efecto en mayo del año pasado, pero aún así Bitácora reclamó una indemnización por perjuicios, por lo que el Govern solicitó un informe al Consell Consultiu, para conocer la cuantía exacta a abonar, si era pertinente.