Palo isleño a las pensiones privadas de Corbacho

F. GUIJARRO. PALMA. La defensa que el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, hizo de los planes de jubilación privados –añadiendo que él contaba con uno– ha sido recibida con una fuerte beligerancia por parte de la sociedad balear. Desde las principales organizaciones isleñas se señala que la labor de un miembro del Gobierno es defender y garantizar el sistema público, y no promocionar los planes privados, además de subrayar que se ha generado un importante nivel de alarma sobre el futuro de las pensiones que abona el Estado.
Los primeros en echarse las manos a la cabeza han sido los sindicatos, especialmente ante el hecho de que un socialista haga este tipo de declaraciones. Los secretarios generales de UGT, CCOO y USO en las islas, Lorenzo Bravo, Katiana Vicens y David Abril respectivamente, fueron unánimes a la hora de rechazar que un ministro opte por hacer apología de un sistema privado en lugar de trabajar para que las retribuciones públicas sean lo más dignas posibles. Tanto Bravo como Vicens aseguraron que ni cuentan con planes privados ni piensan tenerlos, mientras que Díaz consideró que son formulas de ahorro no necesariamente negativas, pero que jamás deben de ser promocionadas desde un Gobierno.
Los presidentes de las patronales isleñas fueron igualmente críticos con Celestino Corbacho. Sin cuestionar los planes privados de pensiones, los máximos responsables de la CAEB y la PIMEM, Josep Oliver y Juan Cabrera respectivamente, señalaron que las palabras del ministro pueden haber generado "alarmismo" dado que han abierto dudas sobre la viabilidad del sistema público. Esta última apreciación fue respaldada de forma muy generalizada entre las personas consultadas.
En concreto, el presidente de Asaja, Gabriel Company, agradeció la "sinceridad" del ministro ya que en su opinión sus palabras suponen un reconocimiento sobre la debilidad del sistema público, pero consideró que lo que debería hacer es trabajar para reforzarlo. Antoni Mas, de la asociación de restauración, y Sebastià Pastor, de la de constructores, también exigieron al titular de Trabajo que centre sus esfuerzos en mantener la viabilidad del sistema público de pensiones en lugar de promover los planes privados, ya que según el segundo "una persona que ha trabajado toda la vida" no debería necesitar de estos últimos para alcanzar unas retribuciones dignas. Su homólogo en Pime-Comercio, Bernat Coll, fue uno de los que lamentó la alarma que las palabras de Corbacho han podido generar y la sensación de inseguridad que ha dado a la población.
También los presidentes de los colegios isleños de farmacéuticos y de arquitectos, Antoni Real y Luis Corral. destacaron la "confusión" que esas declaraciones han generado, y afirmaron que no son coherentes con las funciones de un ministro.
Más duros fueron los máximos responsables del grupo ecologista GOB y de la Obra Cultural Balear, Maçià Blázquez y Jaume Mateu respectivamente. El primero denunció que esos planes privados favorecen "la economía financiera y especulativa", mientras que el segundo calificó de "sospechoso" que las personas que deben garantizar las pensiones públicas hagan alegatos en favor de los productos que ofrecen las empresas privadas.
El catedrático de Economía Aplicada de la Universitat, Eugeni Aguiló, se sumó a las opiniones que consideraron los planes de jubilación privados como un producto que puede ser positivo, pero que en su opinión no debe de ser respaldado por un ministro.
Más favorables a Corbacho fueron las opiniones del presidente de la asociación de transporte discrecional, Rafael Roig, y el decano del Colegio de Economistas de Balears, Esteban Bardolet. El primero opinó que el ministro fue realista con sus palabras, mientras que el segundo enmarco esas palabras en la preocupación del Gobierno sobre el futuro de las pensiones públicas, aunque admitió el problema de muchos isleños para poder suscribir planes privados.