EFE. PALMA
El voto favorable del grupo de UM ha permitido hoy que el PP consiga retirar a la presidenta del Consell de Mallorca, Francina Armengol, las atribuciones para concertar créditos que superen el 10 por ciento del presupuesto y autorizar gastos por más de 3 millones de euros, entre otras.
La consellera popular Antonia Perelló ha argumentado que esta medida "responde a la nueva realidad" del Consell, es decir, a la situación minoritaria en la que queda el gobierno de PSOE y Bloc tras su ruptura con UM, cuyo apoyo o abstención resultan imprescindibles para que el grupo más numeroso, el PP, saque adelante sus propuestas.
También UM, a través de Antoni Pascual, ha justificado que este recorte en favor del pleno de la capacidad de decisión de Armengol es "coherente" con la nueva situación política, mientras que tanto Bloc como PSOE han restado importancia a la decisión, aunque han advertido que puede dificultar la gestión de la institución.
De hecho, el conseller de Presidencia, el socialista Cosme Bonet, ha incidido tanto en el pleno como en declaraciones posteriores en la "voluntad de acuerdo" que rige la actuación del gobierno en minoría, y como prueba ha destacado la aprobación por unanimidad de otras dos mociones del PP dirigidas a incrementar la capacidad de control de la oposición sobre la ejecución del presupuesto.
"Ha habido acuerdo en casi todo", ha insistido Bonet en referencia al desarrollo del "primer pleno ordinario en minoría", en el que se ha aprobado la primera fase del Plan de Obras y Servicios y la solución definitiva de la financiación insular del centro territorial de la UNED.
Por contra, el líder del PP en el Consell, Jaume Font, ha destacado como en la sesión de hoy se ha puesto en evidencia que "la señora Armengol está en minoría". "La mayoría somos los que podemos hacer bailar hacia aquí o hacia allá".
Font ha puesto el acento en que, tras incrementar hoy su capacidad de control del gasto del Consell, el PP se centrará desde ahora en promover "un cambio radical en la forma de gestión".
Una de sus primeras medidas, ha avanzado, será comprometer a la institución a pagar a sus proveedores en un máximo de 120 días para que no sean estos los que asuman la morosidad del Consell a costa de endeudarse, lo que puede abocar al cierre a muchas empresas en estos tiempos de crisis