El juez Juan Ignacio Lope Sola y la fiscalía anticorrupción están investigando un listado informático donde aparecen más de 200 personas que trabajaron como interventores y colaboradores de Unió Mallorquina (UM) en la pasada legislatura, relación entregada por los tres gestores de la productora Vídeo U imputados en el caso Maquillaje. Según fuentes jurídicas, unos 70 de esos militantes de UM pudieron haber cobrado sus nóminas de empresas proveedoras del Consell de Mallorca, y alrededor de otros 10 recibieron su salario de una sociedad que había contratado con el Instituto de Estudios Turísticos (Inestur) en la actual legislatura, una entidad de la conselleria de Turismo investigada en el caso Voltor.

Estos extremos deberán ser comprobados por el juez Juan Ignacio Lope Sola y la juez Carmen Abrines, que investigan, respectivamente, los casos Maquillaje y Voltor recabando el historial laboral e interrogando a esas personas.

Miquel Oliver, Luisa Almiñana y Ramón Rullán, gestores y propietarios del grupo audiovisual vertebrado en torno a Vídeo U, han cambiado su estrategia procesal y han pasado a ser colaboradores de la fiscalía anticorrupción. Su confesión se materializó el pasado viernes ante el juez Lope Sola y el fiscal anticorrupción Juan Carrau. Miquel Nadal, ex vicepresidente del Consell en la pasada legislatura, se unió ese día al carro de los arrepentidos, ratificó la versión del trío de Vídeo U e incriminó con mayor rotundidad a Maria Antònia Munar, presidenta del Consell en la época de autos.

Eugenia Cañellas

Oliver, defendido por José Ignacio Herrero, sostiene que Eugenia Cañellas, secretaria general técnica de Nadal en la vicepresidencia del Consell, le forzó, en su calidad de proveedor de la institución insular la contratación de 15 de esos liberados de UM.

Oliver afirma que aceptó la imposición de Cañellas para dar de alta en la Seguridad Social y pagar los sueldos de estos voluntarios de UM para poder seguir subsistiendo como productora audiovisual.

Los tres gestores de Vídeo U afirman que Cañellas les comunicó que ese modo de ahorrarse sueldos de los liberados del partido "era una práctica habitual entre las empresas que trabajaban para el Consell". El grupo de arrepentidos no mencionó en sus declaraciones del viernes a estas empresas supuestamente implicadas en la red, pero sí que afirmaron que eran varias.

Oliver, para dar mayor credibilidad a sus acusaciones, aportó el fichero informático con la relación de más de 200 colaboradores de UM, que él calificó de "interventores" y "apoderados". De ese listado, las fuentes informantes, señalan que "varias decenas, por lo menos 70, figuraban como empleados de proveedores del Consell".

Según el fundador de Vídeo U, las contrataciones se hicieron en agosto del 2006 y se prolongaron en 2007. Cañellas pidió las altas de esos voluntarios mediante correos electrónicos, unos documentos que se espera sean incorporados al sumario.

Cañellas ha pedido declarar ante el juez como testigo. Sobre su futura declaración se ha abierto un cúmulo de conjeturas, como el anuncio de que aportará más correos electrónicos sobre otras contrataciones fraudulentas. También se ha señalado que Nadal sabía que Cañellas quería hacer su particular confesión e interpretó que daba ese paso impulsada por Maria Antònia Munar. Miquel Nadal entendió que Munar quería traicionarle y se adelantó incriminando a la que fuera su mentora política.

Oliver asegura que la lista de militantes que trabajaban para UM se la facilitó una administrativo de la Televisión de Mallorca, medio que dirigió hasta 2007.

Las empresas que habrían colaborado con ese supuesto entramado habrían pagado los sueldos y seguros de los liberados de UM, sin que estos desempeñasen para ellas actividad laboral alguna.

El trío de imputados de Vídeo U afirma que abonaron 101.000 euros en las nóminas de los 14 contratados y otros 86.000 euros para el salario de Débora Lorente, una antigua empleada del gabinete de Comunicación del Consell que pasó a trabajar para el partido.

Otras fuentes elevan la cantidad que el grupo Vídeo U destinó al sueldo de los voluntarios de UM hasta unos 200.000 euros, entre 2006 y 2007.

Los arrepentidos también revelaron que hicieron trabajos electorales gratis para UM, especialmente la campaña para Miquel Nadal, que se presentaba a alcalde de Palma. Esos servicios se habrían pagado con fondos cobrados del Consell y de la Radiotelevisión pública de Mallorca.