La fiscalía Anticorrupción y el juez José Castro, quien instruye la causa del caso Palma Arena, investigan si el expediente de contratación del periodista Antonio Alemany, no directamente sino a través de la empresa de publicidad Nimbus, fue falsificada.

Según la documentación que se ha recogido hasta el momento, el Govern anunció a principios de legislatura un concurso público para un proyecto de asesoramiento de imagen; concurso que se tramitó por el procedimiento de urgencia y no por el ordinario, lo que supuso una reducción de los plazos para presentar ofertas. La única empresa que se presentó al concurso fue Nimbus. La empresa fue contratada para este asesoramiento, que incluía la redacción de los discursos del president Matas. La oferta económica fue de 200.000 euros durante un periodo de cuatro años.

Cada mes Nimbus facturó al Govern 4.000 euros. Esta cantidad coincide con la cifra que a su vez cobraba Antonio Alemany de la compañía publicitaria a través de su empresa, por lo que el publicista no obtenía ningún beneficio por este concurso, según han constatado los investigadores. Por ello, el juez cree que Alemany fue contratado directamente por el Govern, entre otras cosas por su afinidad con el PP, y que se utilizó la intermediación de la empresa de publicidad para dar forma al expediente de contratación.

Este contrato con Nimbus lo tramitó el departamento de Comunicación del Govern, cuyo responsable, Joan Martorell, ha sido imputado. El juez ha impuesto a Martorell una fianza civil de 250.000 euros y le ha retirado el pasaporte. Esta misma medida preventiva se adoptó también contra Antonio Alemany.

Martorell reconoció ante el juez y el fiscal Anticorrupción que había gestionado desde su departamento la contratación de Nimbus y que conocía que esta empresa a su vez subcontrataba a Alemany para que elaborara los discursos del ex president. Sin embargo, el ahora jefe de prensa del PP mantuvo que esta contratación no fue iniciativa suya, sino de sus superiores, y apuntó directamente al ex president Matas y a sus dos últimas jefas de gabinete, María Umbert y Dulce Linares.

En el expediente no han aparecido los discursos, ni originales ni copias, que redactaba Alemany y por los que cobraba 4.000 euros al mes. Los investigadores creen que estos discursos no se han incluido en el expediente público porque muy difícilmente justificarían que el Govern pagara 200.000 euros. Por ello, el juez imputa a los implicados los delitos de falsedad y malversación de caudales públicos.