El juez de instrucción 3 de Palma, José Castro, fijó ayer por la tarde sendas fianzas de responsabilidad civil de 250.000 euros para Joan Martorell –actual jefe de prensa del PP– y para el periodista Antonio Alemany. A ambos les fue retirado asimismo el pasaporte, tras ser interrogados por el magistrado y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, dentro de las pesquisas de una pieza secreta del caso Palma Arena. La investigación está ligada a la presunta financiación ilegal de los populares durante la presidencia de Jaume Matas.

Martorell ocupó la dirección general de comunicación del anterior Govern. Al actual jefe de prensa del PP, que figura como imputado, se le preguntó sobre una serie de contratos y subvenciones que realizó su departamento a través de la empresa de publicidad Nimbus, que aparece en el sumario en torno al velódromo palmesano.

Además de Martorell, también se tomó declaración ayer noche como imputado al periodista Antonio Alemany, editor de la publicación digital "Libertadbalear", para aclarar unas ayudas económicas recibidas del anterior Govern. Con anterioridad el juez ya había tomado declaración a varios empleados de la agencia de publicidad que realizó la campaña del Partido Popular en la última cita electoral.

La jornada de ayer fue frenética en el juzgado de instrucción 3, que lleva meses investigando los presuntos desvíos de fondos públicos en las obras y primeros eventos del Palma Arena, así como los supuestos descuadres patrimoniales de Jaume Matas, president del Govern del PP entre 2005 y 2007, cuando se diseñó y construyó el velódromo público.

La nueva línea de investigación se abrió hace algunas semanas tras descubrirse documentación sospechosa en la agencia Nimbus, cuyo principal responsable figura entre los imputados en la pieza principal. Aunque estaba previsto que ayer declarara de nuevo el propietario de esta empresa, Miguel Romero, quien ya fue detenido el pasado verano, este trámite fue aplazado. Su abogado presentó un informe médico en el que se señala que Romero ha sufrido un revés en su estado de salud y que en estos momentos no sería conveniente que se le tomara declaración.

El grupo de Delitos Económicos de la Policía Nacional se encarga de investigar esta ramificación del caso y ayer los agentes tenían órdenes de localizar y citar a empleados de la agencia de publicidad, profesionales de la comunicación y empresarios.

Tres de los convocados, vinculados laboralmente al grupo de empresas de Nimbus, prestaron declaración entre las 9,30 y las 11,45 de la mañana ante el juez y el fiscal. El abogado Antoni Coll asistió a uno de ellos, una mujer. Varios de estos empleados ya habían declarado con anterioridad y detallaron el proceso publicitario que se siguió para promocionar esta obra deportiva del Govern Matas.

Después, el juez tomó declaración como testigo al ex conseller de Turismo, Joan Flaquer, pero en la pieza principal. Más tarde, continuaron los interrogatorios dentro de la pieza secreta que se reanudaron hasta bien entrada la tarde, tras una pequeña pausa para comer.

Delito Electoral

Al parecer, los investigadores tratan de esclarecer si fondos públicos del anterior Govern sirvieron para abonar gastos electorales del PP, tras pasar por agencias publicitarias o empresas de comunicación.

Estos fondos podrían haberse dado como subvenciones para determinadas actividades o en forma de campañas publicitarias o promociones diversas.

La cuantía del presunto descuadre no ha trascendido, pero sí que se ha sabido que los métodos empleados para desviar esos caudales públicos habrían sido bastante burdos.

En la pieza principal del caso Palma Arena ya existían indicios de la comisión de un presunto delito electoral por parte de dirigentes del PP y algunos de sus proveedores para las campañas.

En el registro practicado en la agencia Nimbus fueron localizados algunos documentos contables, donde aparecían llamativas notas manuscritas. Una de estas anotaciones era "si la venta va por B como al PP, no se pone", frase que fue interpretada en el sentido de que la agencia no facturó determinados servicios al partido.